Por: El Espectador

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Este artículo fue curado por pulzo   Sep 10, 2026 - 5:42 am
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La reforma tributaria de Bogotá superó un primer escollo legislativo tras sobrevivir a un intento de archivo en la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Concejo. El 8 de septiembre, la comisión negó la proposición presentada por el concejal Jairo Avellaneda para archivar el Proyecto de Acuerdo 724 de 2026, propuesta impulsada por la administración de Carlos Fernando Galán. Según El Espectador, la votación fue clara: cuatro concejales apoyaron el archivo, mientras que diez votaron en contra, lo que permitió que el proyecto continuara su trámite en primer debate.

Avellaneda argumentó que el trámite presenta presuntos vicios de procedimiento, advirtiendo que, si persisten, estos podrían ser utilizados en el futuro para impugnar jurídicamente la validez del acuerdo. Entre sus reparos se encuentra el origen y tratamiento de las iniciativas tributarias; citó el artículo 13 del Estatuto Orgánico de Bogotá, según el cual la potestad sobre tributos distritales corresponde al alcalde. Señaló que, aunque el proyecto 724 fue presentado por la administración distrital, existía un proyecto previo, el 709, del concejal Emel Rojas, sobre temas tributarios, lo que, en su criterio, no fue abordado conforme al reglamento interno del Concejo, que exige reglas claras para la acumulación de proyectos similares antes del sorteo de ponentes. Avellaneda sostiene que este procedimiento no se respetó en el caso del proyecto de Rojas, lo que podría ser causal para cuestionar el proceso si llega a instancias judiciales competentes.

En cuanto a los votos, la propuesta de archivo fue respaldada solo por cuatro concejales —Óscar Bastidas, Samir Bedoya, José Cuesta y Ángelo Schiavenato—, mientras que recibió diez votos en contra de concejales como Samir Abisambra, Humberto Amín, Julián Sastoque y Julián Triana, entre otros. Triana fue especialmente señalado por Avellaneda por votar en contra del archivo, pese a su discurso centrado en la defensa de la ciudadanía ante aumentos tributarios.

En el fondo, la reforma genera polémica por incluir nuevos incentivos para grandes inversiones y aumentos en el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) para sectores como la edición de libros, comercialización de vehículos, sector financiero, y ventas de bebidas alcohólicas y cigarrillos, según datos discutidos en el debate. Fenalco Bogotá Cundinamarca también solicitó retirar dos incrementos del ICA, advirtiendo un impacto negativo en pequeños comerciantes y potencial aumento del contrabando. Avellaneda insiste en que, antes de elevar tributos, la administración debería revisar la gestión de los recursos actuales y cuestiona la falta de claridad sobre los beneficios reales de los incentivos a grandes inversionistas.

Tras la votación, Avellaneda anunció su retiro del debate argumentando falta de garantías en el proceso, y dejó constancia de que, en su opinión, “se le está haciendo trampa a los bogotanos”. El proyecto sigue adelante en el Concejo, en medio de interrogantes sobre sus repercusiones fiscales y legales.

¿Cuáles son los principales cuestionamientos legales contra la reforma tributaria de Bogotá?

Los principales cuestionamientos presentados por el concejal Avellaneda giran en torno a presuntos vicios de procedimiento, particularmente la inadecuada acumulación de proyectos similares y posibles irregularidades en el sorteo de ponentes, según lo dispuesto por el Estatuto Orgánico de Bogotá y el reglamento interno del Concejo. Si estos vicios persisten, podrían dar pie a futuras acciones jurídicas para anular la reforma ante instancias competentes.

¿Qué es el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) y cómo afectará la reforma a distintos sectores?

El Impuesto de Industria y Comercio (ICA) es un gravamen sobre los ingresos brutos de las actividades industriales, comerciales o de servicios en Bogotá. La reforma busca aumentarlo en sectores como edición de libros, comercialización de vehículos y el sector financiero. Fenalco y concejales alertan que los incrementos podrían afectar principalmente a pequeños comerciantes y fomentar la informalidad, mientras se ofrecen incentivos tributarios a grandes inversionistas.

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