En varios sectores de Bogotá, fiestas que comienzan como simples reuniones con música a alto volumen se han convertido en el centro de un fenómeno preocupante: eventos clandestinos organizados en casas o apartamentos alquilados por una sola noche, donde no solo hay ruido excesivo, sino también consumo de drogas, presencia de personas desconocidas y, en algunos casos, actividades criminales.
Uno de los casos recientes ocurrió en el barrio El Carmen, en la localidad de Tunjuelito. A las 10 p. m., los vecinos pensaron que la música provenía de una celebración común. Sin embargo, lo que no sabían era que extraños habían alquilado una vivienda, llegaron con drogas, organizaron una fiesta ilegal, y al amanecer ya se habían ido, incluso después de hacer una especie de “trasteo exprés”.
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Un hecho similar ocurrió en el límite entre Barrios Unidos y Chapinero. Aunque los residentes están acostumbrados al ruido, el 25 de mayo ocurrió un incidente más grave: un artefacto explosivo detonó frente a dos viviendas que, según testigos, eran utilizadas con frecuencia para realizar este tipo de reuniones.
“Nuestro laboratorio de antiexplosivos llegó al sitio e hizo la verificación para tratar de establecer qué tipo de artefacto sería”, informó el teniente coronel Ricardo Chávez, de la Policía de Bogotá.
Aunque estos eventos son difíciles de rastrear oficialmente —pues pocas veces se denuncian como fiestas ilegales—, las alertas por ruido, riñas y consumo de alucinógenos empiezan a mostrar un patrón. En lo que va del año, la Línea 123 ha recibido más de 136.000 reportes por peleas, 116.000 por ruido excesivo y más de 25.000 por drogas. Suba, Kennedy y Engativá lideran estas estadísticas.
La forma en que operan los organizadores de estas fiestas es cada vez más sofisticada. Según testimonios recogidos por El Tiempo, se ofrecen sumas elevadas —hasta 500.000 pesos por una noche— para alquilar casas o apartamentos, donde luego se realizan fiestas que pueden durar hasta tres días. Una mujer relató que rechazó una oferta sospechosa por el alto monto que ofrecían por una sola noche.
Estas fiestas no solo se han convertido en espacios para el consumo de sustancias, sino también en puntos estratégicos para la producción y distribución de drogas sintéticas como el tusi. En marzo y mayo, la Policía desmanteló laboratorios clandestinos en Puente Aranda y Ciudad Bolívar. Según la investigación, los traficantes también alquilan viviendas en zonas residenciales para evitar sospechas.
Andrés Nieto, del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central, señala que este fenómeno se remonta a la pandemia, cuando los confinamientos obligaron a muchos a reunirse en espacios privados. “Desde entonces, la figura de reuniones privadas o sindicales, protegidas por la Constitución, se ha usado como fachada para evitar sanciones”, explicó el experto.
Los organizadores de estas fiestas incluso manejan el punto de encuentro con hermetismo. La dirección exacta se comparte solo minutos antes del evento, y muchas veces a través de plataformas de arriendo por horas o días.
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La preocupación no solo está en lo que ocurre dentro de estas fiestas, sino en la falta de control y acompañamiento por parte de entidades de salud o seguridad.
“En estos espacios no hay protocolos de cuidado, ni presencia de colectivos que velen por la seguridad de los asistentes, como sí sucede en festivales legales”, agregó Nieto.
Aunque la Policía aún no ha podido establecer vínculos directos entre estos eventos y delitos como el atentado con explosivos en Chapinero, la alerta está encendida. Los datos de la Secretaría de Seguridad muestran una tendencia preocupante, y aunque muchas de estas fiestas pasan desapercibidas, ya no se trata solo de ruido o desórdenes nocturnos: podrían estar encubriendo un fenómeno criminal más complejo.
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