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Tres años tardó la justicia en dictar sentencia contra tres policías que fueron acusados de secuestrar y robar a un comerciante del sector comercial de San Andresito, en Bogotá.
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Los uniformados eran dos patrulleros, que hacían parte del esquema de seguridad del magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Juan Carlos Granados Becerra; y un mayor, que fue comandante del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de esa institución.
Así pues, el Juzgado 35 penal de Bogotá los condenó por los delitos de secuestro simple agravado y hurto calificado agravado y deberán cumplir una pena de ocho años y tres meses de prisión. Esta sentencia se dictó luego del preacuerdo al que llegaron los abogados de los uniformados y la Fiscalía.
Este caso salió a la luz pública en abril de 2021 cuando los tres uniformados fueron capturados tras la denuncia instaurada por el comerciante de San Andresito, que los señalaba de haberlo engañado e intimidado para robarle la suma de $ 753 millones en efectivo. En ese entonces, un juez de control de garantías los envió a la cárcel de manera preventiva mientras avanzaba el proceso.
Sin embargo, el abogado Juan Manuel Sáenz —representante del comerciante afectado— señaló que los patrulleros y el mayor fueron dejados en libertad por vencimiento de términos en julio de 2022, pues para entonces no se había llevado a cabo la audiencia de formulación de acusación.
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Luego de que recuperaran la libertad, hicieron el preacuerdo con el ente acusador, pero a la fecha y tras ser hallados culpables, los delincuentes están prófugos de la justicia y no se han hecho efectivas las órdenes de captura en su contra.
Por otro lado, el abogado Sáenz instauró una acción de reparación directa contra la Policía Nacional ante el Juzgado 64 Administrativo de Oralidad de Bogotá, la cual busca declarar a la institución administrativamente responsable de indemnizar el daño ocasionado a la víctima por valor de $ 1.382’204.143, así como una indemnización por $ 116 millones.
El juzgado negó la pretensión de la defensa de los ahora condenados que pedía que se les diera el beneficio de prisión domiciliaria para cumplir la pena.
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