La polvareda detrás de los pagos por el barrido en calles de Bogotá

Mantener limpio y bien barrido cada kilómetro de calle en la capital hoy es motivo de una gran polvareda que toca a la empresa que distribuye los dineros recaudados por la tarifa de aseo, los operadores de aseo y el Distrito. Detrás, un asunto de dinero, en particular, por cómo se ha distribuido lo que se les cobra a los ciudadanos por el barrido de calles. Mientras un operador considera que se está haciendo mal y debería recibir más, otros señalan que cambiar la forma de pago sería un detrimento patrimonial.

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Para entender el pleito, es clave recordar que la basura de la ciudad la recogen cinco operadores privados, que ganaron la licitación que abrió el Distrito en 2018. Tras un sorteo, a cada uno le adjudicaron una zona exclusiva, en la que deben cubrir la recolección y limpieza del espacio público.

Fue así como a Promoambiental le asignaron el corredor oriental (Sumapaz, Usme, San Cristóbal, Santa Fe, Chapinero y Usaquén); a Lime S.A. le toca parte del sur de la ciudad (Ciudad Bolívar, Bosa, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, Antonio Nariño, Los Mártires, Puente Aranda y Teusaquillo); a Ciudad Limpia le corresponden las localidades de Fontibón y Kennedy; a Bogotá Limpia, la zona de Engativá y Barrios Unidos, y finalmente a Área Limpia, la localidad de Suba.

Pero en medio del contrato, que tiene vigencia hasta 2026, parece que la administración omitió un pequeño detalle de la Resolución 720 de 2015, de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). En ella no solo se regula la tarifa de aseo. También establece, entre otras disposiciones, que el pago por el barrido de vías se debe hacer por kilómetros y no por usuario. Esta diferencia es el epicentro del pleito.

El origen de la controversia

Actualmente los operadores le reportan al Procesador de información del Servicio de Aseo (Proceraseo) sus actividades, la cual es la encargada de administrar la bolsa adonde llegan los recursos de la tarifa de aseo. La entidad, de la que son socios los operadores, analiza la información y autoriza el pago por sus labores. No obstante, Promoambiental no se sintió bien remunerado, en especial, por su actividad de barrido de calles. ¿Su argumento? Que al estar pagando esta actividad por número de usuarios y no por kilómetro barrido, algunos estaban recibiendo dinero sin justificación.

Para demostrar que tenía la razón, promovió un proceso contra Proceraseo ante un Tribunal de Arbitramento, instancia particular a la que, previo acuerdo entre las partes, acuden para resolver sus diferencias de manera expedita (sin tener que acudir a la justicia ordinaria) y cuya decisión tiene el mismo peso del fallo de un juez. En este caso, los árbitros se pronunciaron en noviembre de 2021, dándole la razón a Promoambiental.

La conclusión fue que, desde el inicio de la concesión, se repartieron mal más de $35.000 millones, al desconocer un concepto clave: la tarifa ciudad, aporte que hacen los capitalinos para el barrido de zonas comunes como la plaza de Bolívar o el Portal 20 Julio, donde opera Promoambiental. Por eso, al estar pagando por usuario y no por kilómetro, los otros operadores se estarían quedando con dinero de actividades que no realizaron. En los dos primeros años de la concesión, por ejemplo, tres operadores, según el laudo, recibieron dinero adicional: Lime, $4.604 millones; Ciudad Limpia, $10.740 millones, y Área Limpia, $20.797 millones.

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Este diario habló con uno de los árbitro en el proceso, quien explicó que la norma es clara, al señalar que a los operadores se les debe pagar por lo que hacen y no solo por los usuarios. Agregó que esta premisa es clave en los servicios públicos, donde se debe asegurar la eficiencia de los contratistas. De esta manera, el fallo ordenó el retorno retroactivo a Promoambiental de esta parte de la tarifa, recaudada entre marzo de 2018 y febrero de 2020, así como corregir en adelante la distribución de los recursos.

La decisión levantó ampolla

La decisión, como era de esperarse, no cayó bien en algunos de los prestadores de aseo, salvo Bogotá Limpia, que acató el fallo y le giró los recursos a la empresa. Por esta razón, los abogados de Lime impugnaron el laudo ante la Sala Civil del Tribunal de Bogotá, que está estudiándolo. El pleito no es de poca monta, pues aquí está en juego dinero de los privados, con origen en recursos públicos pagados por los bogotanos para la limpieza de la ciudad.

En medio de esto, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), entidad distrital garante de la concesión de aseo, tomó posición. Pese a no tener que desembolsar dinero, radicó una tutela (que no ha sido admitida) en contra del laudo. En ella señala que en caso de acatarlo “pondría en riesgo la viabilidad financiera de los otros operadores”, argumento que reforzó al señalar que, si bien Promoambiental barrió más kilómetros que los otros operadores, lo hizo sin autorización. La posición del Distrito, para algunos expertos, es desconcertante, pues mientras la decisión del Tribunal de Arbitramento, a la luz de la ley, protege la sostenibilidad financiera del operador demandante, la UAESP, en vez de corregir, decidió respaldar a los que recibieron dinero por actividades que no realizaron.

Que barra menos

La defensa de los que deben devolver dinero ahora se concentra en que las autoridades le ordenen a Promoambiental no barrer más de lo autorizado. Al menos, así se deduce de otro recurso legal que radicó Lime S.A. Además de impugnar la decisión del laudo, presentó una acción de cumplimiento para que se le ordene al operador cumplir las normas que regulan el cálculo de la tarifa del servicio de aseo, en lo concerniente a barrido, ya que estaría cobrando a sus usuarios kilómetros de barrido no autorizados, que les costarán a los ciudadanos $118.000 millones hasta el 2026, lo qué sería un detrimento.

“En el 2022 la Alcaldía ha autorizado el barrido, en promedio, de 134.000 km en el área donde opera Promoambiental y ellos vienen reportando 273.000 km”, indicó el abogado de Lime, Manuel Páez, quien encontró respaldo en las declaraciones de la directora de UAESP, Amanda Camacho, quien indicó que en las interventorías se le ha advertido al operador que está barriendo más de lo autorizado en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

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Promoambiental rechaza la afirmación. Su vocero Tomás Mendoza resalta que el laudo no modificó el cobro de la tarifa de aseo que pagan los bogotanos y que simplemente decidió redistribuir mejor los ingresos, sobre la misma facturación. En resumen, más allá de una pelea de pesos pesados del negocio de las basuras en Bogotá, hay dos inconformidades: la de Promoambiental, que consideraba injusta la repartición de los ingresos, y la de Lime, que advierte un posible detrimento a futuro si se hace el pago como lo ordenó el laudo. Hasta ahora, las decisiones judiciales le dan la razón a Promoambiental. Lime, por su parte, sigue su cruzada para tumbar el laudo. Habrá que esperar lo que digan los magistrados de Bogotá, que tendrán la última palabra.

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