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El departamento de Antioquia ha vivido un inicio de 2026 marcado por una preocupante violencia homicida que ha superado todos los registros recientes. El asesinato de María Consuelo Vélez Montoya, de 56 años, ocurrido en la zona rural de Salgar, ilustra la gravedad de la situación. Ella fue atacada con un cuchillo en ocho oportunidades y posteriormente asfixiada, un caso que, lejos de ser un hecho aislado, forma parte de una ola de asesinatos que ha dejado 54 víctimas solo en los primeros 14 días del año, lo que implica un promedio de cuatro muertes diarias. Según datos entregados por la Gobernación de Antioquia y reportes recogidos por El Colombiano, esta cifra duplica la registrada en el mismo periodo del año anterior cuando se reportaron 24 homicidios, generando alertas inmediatas por parte de las autoridades departamentales.
El secretario de Seguridad de Antioquia, general en retiro Luis Eduardo Martínez, calificó la situación como crítica, advirtiendo sobre el incremento de 30 casos frente al mismo lapso del año anterior. El foco principal de la violencia está en el Valle de Aburrá, donde se produjeron 17 asesinatos, 14 de ellos en Medellín, y el resto en Bello y Copacabana. Estas cifras se agravan al considerar las masacres ocurridas en municipios como Abejorral y Vegachí, que sumaron siete víctimas en acciones atribuidas a disputas entre estructuras criminales, principalmente el Clan del Golfo.
El Nordeste y el Suroeste antioqueño, de acuerdo con estadísticas de la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad, han experimentado tendencias de violencia persistente. El año 2025 cerró con 1.708 asesinatos en el departamento, una cifra apenas superior a la de 2024, pero con incrementos notables en ciertas subregiones. El Suroeste destacó negativamente al pasar de 242 homicidios en 2024 a 316 en 2025, reflejando la intensificación de disputas entre bandas criminales locales, el Clan del Golfo y grupos como La Terraza.
Uno de los aspectos que más preocupa a autoridades y organizaciones sociales, como la Fundación Sumapaz, es la violencia de género. En lo que va del año, ya se reportan 11 mujeres víctimas de homicidio, varios de estos casos vinculados, según las investigaciones, a violencia ejercida por parejas o exparejas. La intolerancia social también ha dado pie a episodios mortales, como el asesinato de un vigilante en el centro de Medellín tras una disputa por una limosna.
Otras regiones afectadas son el Norte y el Oriente, donde dinámicas delictivas relacionadas con el control territorial entre el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han incrementado la cifra de asesinatos de modo alarmante, principalmente en municipios como San Andrés de Cuerquia. Allí, el número de homicidios subió de 13 en 2024 a 29 en 2025. El informe detalla que el Oriente pasó de 208 asesinatos en 2024 a 214 en 2025, apuntando a un recrudecimiento del conflicto entre estructuras criminales.
Las autoridades, pese a señalar una leve baja en homicidios durante 2025 sin contar muertes de uniformados, subrayan el impacto de las masacres: 41 víctimas en 11 hechos en 2025 frente a 17 masacres en 2024. El combate a estos fenómenos requiere reforzar la capacidad institucional y priorizar las estrategias de contención desde cada municipio, destacando casos positivos en poblaciones que finalizaron el año sin asesinatos. Sin embargo, las tendencias actuales anticipan un posible retorno a los peores años de violencia si no se acompaña la respuesta institucional con medidas robustas e inmediatas desde todos los frentes de seguridad.
¿Por qué influye tanto la presencia de estructuras criminales en el aumento de los homicidios en Antioquia?
La influencia de grupos criminales como el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC es central en la dinámica homicida de Antioquia. Estas organizaciones buscan el control de rentas ilegales y corredores estratégicos, lo que intensifica las confrontaciones armadas en municipios clave. Según la información recogida, las masacres y gran parte de los asesinatos están vinculados a disputas por estos intereses, lo que agrava la situación de seguridad y complica la labor de las autoridades.
La rivalidad entre pandillas y el vacío de poder en zonas con débil presencia estatal son factores decisivos que explican el repunte de los homicidios. Además, como señalan expertos consultados en el texto, la pérdida del respeto por la vida y la limitada capacidad institucional para controlar los territorios, permiten que los grupos armados impongan sus propias reglas, perpetuando así el ciclo de violencia que afecta a la población civil.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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