Noticias del Quindio y Armenia: información 24 horas sobre la región, vías, actualidad y más.
Una reciente audiencia adelantada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) arrojó nueva luz sobre la manera en que se ejecutaron y disfrazaron homicidios perpetrados por militares en el departamento del Quindío, crímenes que hoy la justicia identifica bajo el nombre de ‘falsos positivos’. Según lo relatado durante la diligencia, exintegrantes del Batallón de Ingenieros No. 8 ‘Francisco Javier Cisneros’ detallaron episodios ocurridos, principalmente, entre 2006 y 2007, en los que civiles fueron asesinados y posteriormente reportados como "bajas en combate" ante las autoridades. Los testimonios aportados a la JEP coinciden en que existieron presiones internas de altos mandos militares para obtener resultados operacionales, lo que devino en la alteración sistemática de escenas y la preparación de informes falsos sobre supuestos combates.
Uno de los casos mencionados tuvo lugar el 12 de noviembre de 2006 en zona rural de Quimbaya, donde dos jóvenes fueron ejecutados tras haber sido llevados al lugar bajo engaños, como la promesa de participar en actividades delictivas. Allí, bajo órdenes directas, los uniformados dispararon contra las víctimas. Luego, simularon un enfrentamiento armado: realizaron disparos al aire, alteraron los cuerpos y colocaron armas junto a los fallecidos, todo para respaldar la versión de un enfrentamiento inexistente, según lo narrado por los comparecientes ante la jurisdicción transicional.
Durante la audiencia, el componente jerárquico de la estructura militar fue un factor recurrente. De acuerdo con los testimonios reportados por Crónica del Quindío, la presión por mostrar resultados emanaba de los niveles superiores, quienes valoraban el "éxito" militar en función del número de bajas. Este ambiente propiciaba la implicación de miembros de inteligencia y tropas regulares para que la responsabilidad se diluyera dentro del batallón, lo que a su vez alentaba el silencio y el encubrimiento de los hechos.
Entre los comparecientes, varios reconocieron su responsabilidad, tanto por acciones directas como por omisiones. Si bien algunos sabían que los actos eran ilegales, optaron por el silencio, ya fuera por temor, desconocimiento o porque tales prácticas se habían institucionalizado al interior de la unidad militar. Durante la audiencia se presentaron detalles de otros casos ocurridos en la región, como el asesinato de tres jóvenes el 26 de junio de 2006. En ese hecho, se fingió un retén para separar y asesinar a las víctimas, seguir con la manipulación de la escena, y finalmente reportar un supuesto combate, incluso simulando la herida de un soldado para sustentar la versión oficial.
Similares patrones se identificaron con otros crímenes ocurridos en municipios como Filandia, donde el modus operandi involucraba engaños, la disposición de armas a los muertos, y la coordinación meticulosa para sostener los reportes falsos. En todos los casos fueron los tenientes y mandos intermedios quienes ideaban y ejecutaban el plan, mientras que subalternos cumplían órdenes, a menudo bajo coacción y vigilados para asegurar la omertá.
La audiencia también permitió que las víctimas y sus representantes plantearan interrogantes esenciales, como las motivaciones detrás de la selección de las víctimas y los criterios para su identificación. Aunque no hubo respuestas concluyentes, los comparecientes sugirieron que los asesinados eran personas vulnerables, fácilmente captables y con antecedentes menores, lo que facilitaba su involucramiento en los montajes. Igualmente, los testimonios señalaron que estas prácticas no se circunscribieron al Quindío, sino que tenían eco en otras regiones como Risaralda y Antioquia, lo cual apunta a una práctica más generalizada dentro del aparato militar de la época.
La JEP continuará con la recolección de pruebas y comparecencias para dilucidar la existencia de patrones sistemáticos, así como para individualizar responsabilidades. Este proceso, reportado por Crónica del Quindío, abre una vía crucial para el esclarecimiento judicial y para que las voces de las víctimas sean finalmente escuchadas tras años de impunidad y manipulación de los hechos.
¿Qué es un ‘falso positivo’ en el contexto colombiano? El término “falsos positivos” hace referencia a asesinatos de civiles cometidos por agentes estatales, principalmente miembros del Ejército, que luego son presentados oficialmente como guerrilleros o delincuentes muertos en combate. La importancia de precisar este término radica en que expone la gravedad de violaciones a los derechos humanos cometidas bajo el pretexto de operaciones legítimas, y revela las distorsiones institucionales que permitieron la perpetración y el encubrimiento de estos crímenes en varias regiones del país.
Este fenómeno se estudia actualmente en instancias como la Jurisdicción Especial para la Paz, cuyo objetivo es no solo sancionar a los responsables, sino también contribuir al derecho a la verdad de las víctimas, combatir la impunidad y garantizar que estos crímenes no se repitan. La profundización en este tipo de audiencias resulta fundamental para el avance de la justicia y para la consolidación de la paz en Colombia.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO
.svg)
