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El atentado sicarial registrado en la noche del sábado 13 de septiembre en el corregimiento de Rincón Hondo, perteneciente al municipio de Chiriguaná, en el departamento del Cesar, representa un episodio que trasciende la situación de orden público local y revela tensiones profundas asociadas a la presencia de grupos armados ilegales. La víctima, Dubán Arley Zorrillo Oyola, un joven de 25 años, recibió tres impactos de bala y fue atendido de emergencia en el hospital San Andrés, donde su estado de salud fue calificado como estable a pesar de la gravedad de las heridas. Al mismo tiempo, el hallazgo de un mensaje escrito con la frase “Fuera Pachencas del municipio de Chiriguaná” acompañó el ataque, y señala una disputa abierta por el control territorial entre organizaciones criminales en el área, como lo difundió El Pilón.
Este hecho no es un incidente aislado. Los ataques sicariales —homicidios por encargo— han incrementado en municipios como Chiriguaná, donde existen estructuras delincuenciales conocidas como “pachencas” dedicadas al narcotráfico, la extorsión y otras formas de economía ilegal. Estas organizaciones han fomentado ciclos violentos, dificultando el desarrollo social y afectando seriamente la seguridad de la población. Información del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia (INMLCF, 2024) puntualiza que en regiones con historial de disputa armada, la frecuencia de homicidios selectivos vinculados a la confrontación territorial es considerablemente mayor, y allí la capacidad del Estado para ejercer control y garantizar justicia se reduce por la intimidación a testigos y la precariedad institucional.
La respuesta de las autoridades en el Cesar se ha enfocado en la apertura de investigaciones por parte de unidades especializadas como la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), la Sección de Inteligencia Policial (Sipol) y el cuerpo de inteligencia. Sin embargo, expertos de la Fundación Paz y Reconciliación recalcan que, para combatir de fondo estos delitos, es imprescindible coordinar acciones policiales con políticas preventivas y estrategias sociales participativas, las cuales apunten a reconstruir el tejido comunitario y reducir el poder de las organizaciones armadas ilegales.
La historia de violencia en el Cesar y en gran parte del Caribe colombiano se remonta a la expansión del narcotráfico en la década de los ochenta y a la posterior fragmentación de grandes grupos armados, dando paso a estructuras menores como las “pachencas”. Investigaciones adelantadas por la Universidad del Rosario en 2023 advierten que este fenómeno ha limitado la llegada efectiva de políticas estatales y agravado la vulnerabilidad en comunidades rurales, donde las oportunidades laborales y la inversión pública son sumamente escasas.
De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz (FIP, 2024), el impacto de los atentados sicariales se evidencia no solo en el aumento de la percepción de inseguridad, sino también en un debilitamiento prolongado de la confianza ciudadana en las instituciones, favoreciendo desplazamientos internos y profundizando la marginalidad social. Este hecho en Chiriguaná no solo simboliza el arraigo de la criminalidad organizada, sino que exige entender las causas estructurales de la violencia y fijar una atención estatal integral, a tono con las experiencias de otras regiones colombianas que han logrado avances en la reducción de delitos selectivos gracias al fortalecimiento institucional y políticas de justicia transicional.
En conclusión, el caso de Dubán Arley Zorrillo Oyola es reflejo de profundas conflictividades ligadas al control armado y los límites de la presencia estatal en el territorio. Las investigaciones deberán considerar este contexto si se busca evitar la repetición de hechos similares y garantizar la protección de los derechos y la seguridad en entornos históricamente afectados por la violencia (El Pilón; INMLCF; Fundación Paz y Reconciliación; Universidad del Rosario; FIP).
¿Quiénes son los “pachencas” y cuál es su relevancia en el conflicto del Cesar? La pregunta sobre la identidad y función de los grupos conocidos como “pachencas” surge del papel que actores armados menores han asumido en regiones como el Cesar. Según la información recogida, estos grupos constituyen organizaciones criminales que se dedican al narcotráfico, la extorsión y otras actividades ilegales, y han ganado protagonismo en la disputa del control territorial tras la desarticulación parcial de estructuras más grandes en décadas pasadas. La confrontación entre bandas como los “pachencas” y otros grupos suele derivar en ajustes de cuentas y en el crecimiento de la violencia selectiva, como se evidenció en el atentado contra Dubán Zorrillo. La existencia de estos actores refuerza la necesidad de comprender la lógica de fragmentación criminal que afecta a los municipios rurales y a la estabilidad regional.
¿Qué implica un ataque sicarial y cómo afecta a las comunidades locales? Entender el alcance del término “ataque sicarial” es crucial, ya que se define como un homicidio ejecutado por encargo, un método característico del crimen organizado en países como Colombia. En contextos rurales donde la presencia estatal es limitada, la incidencia de este tipo de ataques implica la imposición de un clima de miedo e incertidumbre. Más allá de las consecuencias inmediatas sobre la víctima, tales hechos generan desplazamientos, desconfianza en las autoridades y afectan el acceso de la población a servicios básicos. La reiteración de ataques sicariales evidencia el deterioro de la seguridad y demanda acciones integrales por parte del Estado, además de estrategias preventivas orientadas al fortalecimiento de la convivencia y la protección de las comunidades más vulnerables.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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