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Un ataque de gran magnitud perpetrado por el Frente Jaime Martínez del Estado Mayor Central (EMC), una de las facciones disidentes de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), dejó a la población del municipio de Buenos Aires, en el departamento del Cauca, sumida en el temor y la zozobra. El asalto, dirigido contra la estación de policía local, se realizó en horas de la mañana y se prolongó por más de siete horas. El asedio forzó a cientos de habitantes a buscar refugio, mientras la población civil y los uniformados quedaban expuestos al fuego cruzado y a una situación de aislamiento total, agravada por daños en la infraestructura y el uso de explosivos, como evidencian las imágenes divulgadas a través de redes sociales.
El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, denunció a través de la red X que la ofensiva armada sobrepasó la capacidad institucional del departamento, dejando policías heridos, familias confinadas, incomunicación total en el municipio y un hospital atacado. Guzmán solicitó al Ministerio de Defensa que se preste ayuda urgente y se refuerce la protección de la población civil ante lo que consideró una “agresión directa contra el Estado y contra la vida”.
Desde África, donde se encuentra en gira oficial, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, originaria de Suárez, otro municipio del Cauca, condenó enérgicamente el asalto. Márquez llamó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, a fortalecer urgentemente las estrategias de inteligencia, restablecer el orden público y garantizar la detención de los responsables. Asimismo, enfatizó que el Gobierno nacional debe impedir que los grupos armados ilegales continúen generando terror en la región, instando a la aplicación efectiva de medidas de protección y ofensivas estatales.
En respuesta, el ministro Sánchez ordenó el despliegue inmediato de fuerzas militares adicionales, junto con el traslado de altos mandos como el general Luis Emilio Cardozo del Ejército y el brigadier general William Rincón de la Policía, para coordinar directamente las acciones en Buenos Aires. Cardozo informó sobre la implementación de maniobras de apoyo y la evaluación constante de las estrategias de inteligencia y operaciones en curso, destacando la resistencia de la policía local.
El panorama de violencia en el Cauca, una región históricamente azotada por el conflicto armado, persiste incluso después de la firma de la paz con las Farc en 2016. En este territorio confluyen disidencias guerrilleras del EMC y el Ejército de Liberación Nacional (Eln), así como bandas dedicadas al narcotráfico, quienes se disputan el control de corredores estratégicos para el tráfico de drogas y los cultivos ilícitos.
La Defensoría del Pueblo calificó la situación de Buenos Aires como "crítica", alertando sobre el extremo riesgo que afronta la población civil debido a la instalación de artefactos explosivos de alto poder, que obstaculizan tanto las rutas de acceso como diferentes puntos dentro del área urbana. Esto, según la entidad, eleva el peligro de detonaciones indiscriminadas capaces de provocar daños severos en la vida, la integridad y los bienes de los habitantes.
El ataque coincidió con el último día del paro armado de 72 horas convocado por el Ejército de Liberación Nacional (Eln), en protesta contra supuestas amenazas de intervención extranjera provenientes de Estados Unidos. Durante esta jornada, el Eln había ejecutado más de cincuenta acciones violentas en departamentos del norte, oriente y occidente, incluyendo ataques a infraestructuras y fuerzas del orden, con resultados mortales. Entre los incidentes recientes se destaca el incendio de un camión en la Vía Panamericana y la muerte de dos policías en Cali, tras el uso de explosivos.
Ante el constante asedio de los grupos armados ilegales y la incertidumbre que predomina en regiones como Cauca, la respuesta del Estado y la protección efectiva de la población civil continúan siendo desafíos urgentes para la institucionalidad del país.
¿Qué es un paro armado y cómo afecta a las comunidades locales?
El término “paro armado” designa una táctica utilizada por grupos armados ilegales para imponer, por medio de amenazas y acciones violentas, la suspensión de actividades económicas, sociales y de movilidad en zonas determinadas. Estos paros suelen durar varios días, durante los cuales se restringe la circulación y se incrementan los riesgos para la población.
En contextos como el del Cauca, los paros armados afectan directamente la cotidianidad de las comunidades, paralizan el comercio, la atención en servicios básicos y la vida escolar, y profundizan el aislamiento de regiones ya vulnerables, sumando nuevas amenazas para la seguridad y el bienestar de los habitantes.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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