A esa determinación llegaron 90 organizaciones defensoras de derechos humanos justo después de que el gobierno nombró al cuestionado historiador Darío Acevedo al frente de esa entidad en enero de este año, destacó Semana.

Desde entonces, existe un ambiente de desconfianza sobre lo que pueda pasar con miles de archivos que se conservan en ese lugar, debido al talante “negacionista del conflicto armado así como de rechazo y estigmatización a víctimas y organizaciones” del recién nombrado director, señaló la publicación.

Es por eso que algunas de esas organizaciones, como la Asociación Minga, podrían usar una plataforma internacional para preservar la memoria del conflicto colombiano.

De tal manera que miles de documentos “que comprometen a líderes políticos y ganaderos, así como señalamientos a perpetradores”, así como testimonios de víctimas, manuscritos e informes que sirvieron de fuente para la publicación de informes sobre masacres, como la de Trujillo (Valle del Cauca), o el exterminio de militantes de la UP, salgan del país.

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La revista señala que son acervos documentales que tardaron entre 20 y 25 años en ser recopilados, clasificados, indexados y que podrían abandonar los archivos del Centro Nacional de Memoria Histórica para retornar a sus fuentes originales o para ser resguardadas por la ONU o en Suiza.

Entre esos documentos en riesgo hay alertas tempranas, acciones urgentes y denuncias sobre casos concretos de violaciones a los derechos humanos, así como nombres, fechas, sitios y posibles autores de masacres, torturas y asesinatos selectivos, explicó la revista.