En una reciente y sorpresiva alocución, el presidente Gustavo Petro dirigió lo que inicialmente parecía una transmisión ordinaria pero que resultó ser el consejo de ministros semanal. Esta sesión tomó un giro inesperado cuando fue transmitida en vivo, desatando un debate sobre la legalidad de esta acción debido a la implicación de una normativa específica.
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Cuál es la ley que regula el consejo de ministros de Petro
La Ley 63 de 1923., que regula la confidencialidad de las sesiones del consejo de ministros, estipula que dichas reuniones deben mantenerse en reserva. Según el artículo 9 de dicha legislación, “Las sesiones del consejo de ministros como cuerpo consultivo son absolutamente reservadas, y no podrá revelarse ni el nombre del ministro a cuyo estudio haya pasado cada asunto, materia de consulta”.
La transmisión de esta sesión plantea preocupaciones legales serias, como fueron señaladas por expertos en el área. Víctor Muñoz, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), calificó el evento en revista Semana de “simplemente es ilegal”, resaltando la gravedad de compartir públicamente los debates internos del Estado, que por ley deberían ser confidenciales.
Por otro lado, José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional, reafirmó en el citado medio la vigencia de la ley mencionada, enfatizando que no ha sufrido modificaciones ni derogaciones que justifiquen la transmisión de este tipo de reuniones.
La alocución no solo puso en evidencia la discordia interna entre el presidente y sus ministros, sino que también subrayó la controversia alrededor de las nuevas asignaciones ministeriales a figuras como Armando Benedetti y Laura Sarabia.
Este elemento añadió más tensión a una situación ya complicada, donde el papel y las decisiones del mandatario fueron objeto de críticas directas por parte de sus colaboradores. Este incidente destapa no solo las disputas internas dentro del círculo cercano al presidente sino también un posible olvido o desdén hacia las normativas que rigen las operaciones del máximo cuerpo consultivo del país.
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