La Procuraduría General de la Nación investigará las denuncias hechas por la Fiscalía, relacionadas con presuntos hechos irregulares en los que podrían haber tenido participación algunos miembros del Ejército y la Policía Nacional, luego del secuestro de tres fiscales y una funcionaria judicial en Tarazá, Antioquia, el pasado 3 de febrero.

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De acuerdo con la denuncia pública hecha por el fiscal general, Francisco Barbosa, a los funcionarios secuestrados “los pasaron por tres puestos de control del Ejército y de la Policía, quienes no realizaron ninguna acción preventiva para garantizar la seguridad y el orden público de esa zona”, señaló.

Ante las graves acusaciones, la propia procuradora general Margarita Cabello designó a la delegada para la Fuerza Pública para que asuma la investigación. Igualmente, la jefe del órgano de control ordenó a la delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales constituir una agencia especial para intervenir en el proceso penal abierto por esos hechos.

Cabe recordar que, tras el secuestro de los tres funcionarios de la Fiscalía y una funcionaria de un juzgado, el fiscal Barbosa informó que la sede de este organismo de investigación judicial en Tarazá será cerrada de forma temporal.

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De acuerdo al máximo directivo de la Fiscalía, la decisión se toma teniendo en cuenta que para él los funcionarios allí adscritos no cuentan con las condiciones de seguridad para ejercer las funciones en dicho municipio del Bajo Cauca antioqueño, lo que quedó demostrado el pasado 3 de febrero.

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