Las cuentas de los partidos defensores de la JEP tenían en cuenta a Castañeda y a Maritza Martínez, del Partido de La U, cuyas ausencias terminaron alargando la discusión en el Senado, que quedó a un voto de finiquitarse, y las pusieron en el centro de la polémica.
El proceso disciplinario podría terminar en “amonestaciones verbales o escritas, suspensión temporal o total del voto de lo que queda de este periodo (que va hasta el 20 de julio), o la expulsión de su colectividad”, informó El Espectador.
Ese diario asegura que lo más probable es que se le termine retirando el derecho al voto, pues suele ser esa la consecuencia para aquellos congresistas que no actúen de conformidad con la directriz del partido.
La senadora había explicado en sus redes sociales que consideraba “que cada objeción amerita ser discutida de forma individual, ya que cada una tiene una unidad sustancial distinta y el análisis requería de mayor puntualidad”.
Me abstuve de votar, después de tener una reunión con mí bancada de Senado @PCambioRadical horas antes de empezar la votación, dónde dejé claro mis motivos de conciencia ante ellos, y quiero compartirlo con ustedes.#NoHipotecoPrincipios pic.twitter.com/0HfDoXKdoq
— Ana Maria Castañeda (@AnyMarCas) May 1, 2019
No obstante, esa posibilidad quedó descartada desde temprano el día de la votación, cuando varios senadores más se ausentaron, pero era inesperada la salida particular de las dos parlamentarias.
Aunque La U todavía no parece haber emprendido acciones contra Martínez, su caso parece mucho más complejo, después de que se conocieran detalles sobre un millonario contrato que el Gobierno habría garantizado en Guaviare, región de interés electoral de la congresista.
Anteriormente también se había denunciado que el Gobierno había designado como representante ante el Consejo Directivo de Cormacarena, al ingeniero civil Orlando Barbosa Villalba, adscrito a la casa política de Maritza Martínez.
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