El periodista denunció en su escrito que el hecho ha sido reportado por un colega suyo, un congresista y funcionarios, pero la Agencia Nacional de Tierras (ANT) mantiene en la sombra el informe en el que, dice él, se prueba que la propiedad del expresidente y su familia “no tiene títulos legítimos”. 

“De acuerdo con el reporte engavetado –que menciona la decisión de un juez y el dictamen de una Oficina de Registro de Instrumentos Públicos– El Laguito 2 crece sobre baldíos que deben ser devueltos por Uribe y restituidos a la Nación”, agregó el columnista.

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Por qué Álvaro Uribe debe devolver predio cercano a El Ubérrimo, según Coronell

Lo primero que hay que explicar es que Laguito 2 era parte de “propiedades pequeñas en inmediaciones de lo que hoy es El Ubérrimo [hacienda de Uribe de la que él mismo sacó inventario]”, pero lo crearon “mediante englobamiento” y Lina Moreno, esposa del exmandatario, alegó en el pleito que “tenía dominio pacífico sobre el predio, explotaba la finca y pagaba el predial”, escribió Coronell.

Lo segundo es que hay varias decisiones encontradas sobre el predio y una de esas dice que este es baldío (solo se puede adjudicar a campesinos, indígenas y afrodescendientes con un patrimonio menor a mil salarios mínimos) y “no ha salido del dominio del Estado”, se lee en la columna. Al respecto hay 3 detalles más que dio el periodista para entender el pleito:

  1. En 2019, el juzgado promiscuo de San Carlos, Córdoba, concedió que Laguito 2 fuera escriturado a nombre de Sociedad Agropecuaria El Ubérrimo SAS, de los Uribe y representada por la exprimera dama.
  2. Después, el caso llegó la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cereté, que no aceptó la decisión del juzgado, pues consideró que el predio estaba “en falsa tradición, desde sus inicios y no ha sido saneado. […] Es un baldío rural, le corresponde a la ANT su disponibilidad”.
  3. La Agencia Nacional de Tierras no pidió la restitución de Laguito 2 porque, de acuerdo con la respuesta a un derecho de petición de 2020, al que se refirió la directora de la ANT, citada por Daniel Coronell, “los predios que explota el expresidente Uribe no han sido incluidos en el inventario de baldíos”.
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Queda en el municipio de San Carlos, Córdoba, “engloba cuatro lotes” y “tiene una cabida de ocho hectáreas, […] más 3.400 metros cuadrados con sus mejoras y anexidades”. Su matrícula inmobiliaria es de Cereté, Córdoba, su registro catastral de San Carlos.

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Eso aseguró Vorágine en una investigación, de 2020, sobre los títulos de esa propiedad y que tiene algunas conclusiones parecidas a las de la columna de Coronell, entre ellas que Laguito 2 “ha pasado de dueño en dueño por falsa tradición, es decir, sin haber un título de propiedad, solo con las escrituras que dan fe de la tenencia de esa tierra desde 1960 por parte de dos familias”.

Esas familias, según la información, son la de Eunice del Castillo y los Salcedo Mendoza, que le compraron el predio a dicha mujer en 1991.

En la publicación del portal también se detalla que el predio en cuestión tiene límites “al norte con una propiedad de Carlos Yáñez y con la carretera a Montería; al sur con predios de Eunice del Castillo de Sierra; al oriente, de nuevo con Yáñez, y al occidente con tierras de Benicio Torres y Luis Martínez”. Esos datos los tomó, en 2020, de la escritura pública 1.737 del 20 de septiembre de 1988.

Hasta la publicación de esta nota no había un pronunciamiento del expresidente Álvaro Uribe sobre la denuncia de Daniell Coronell. No obstante, cuando Vorágine hizo su investigación, el expresidente se defendió y, en palabras del portal:

“Explicó que esas tierras fueron compradas de buena fe por la sociedad de su esposa y sus hijos a la familia Salcedo y que esa familia, a su vez, le había comprado a Pedro Sierra del Castillo y en eso nada tuvieron que ver campesinos. Dijo que a pesar de que la familia Salcedo se comprometió a legalizar las tierras, nunca lo hizo, por lo que decidieron comenzar la demanda de pertenencia, pero el abogado elegido por El Ubérrimo había tenido algunos problemas personales y de ahí la decisión del juez de San Carlos”.

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