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Este viernes 2 de mayo, durante una audiencia en la que la Fiscalía pediría la preclusión de la investigación en contra de Álvaro Uribe Vélez, por un caso de chuzadas originado desde 2014, el expresidente pidió la palabra y renunció a la prescripción del caso. “Nunca tuve participación”, dijo el también exsenador del Centro Democrático.
En su intervención, Uribe Vélez le pidió a la jueza no aceptar la solicitud de preclusión del ente investigador. ” Voy a dar solamente una razón, señora juez: está aprobado que yo me enteré de esos temas cuando aparecieron por los medios de comunicación. Nunca tuve participación”, apuntó el exjefe de Estado.
La Fiscalía había solicitado el cierre de la investigación en este caso, que involucra al ‘hacker’ Andrés Sepúlveda, únicamente por el delito de concierto para delinquir, pues ya había prescrito. Tras la decisión de Uribe Vélez de renunciar a la prescripción, el proceso podría continuar, si así la jueza del caso lo decide.
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Las pesquisas en contra del exmandatario en este expediente también contemplan los delitos de acceso abusivo a sistema informático, uso de ‘software’ malicioso y violación de datos personales. La renuncia de Uribe solo se dio por el delito de concierto para delinquir y, si es aceptada, seguiría vinculado al proceso.
Un abogado experto en derecho penal le dijo a este diario que esa figura aplica cuando el juez del caso le comunica al procesado que el delito ya está prescrito y este acepta la renuncia de la prescripción. “En ese caso el proceso sigue por dos años más, y si en ese tiempo no hay una decisión definitiva, no hay nada que hacer”.
Jaime Granados Peña, abogado titular del expresidente, le pidió a la jueza que lleva el caso que acepte la solicitud de su cliente. “Si el que sería beneficiario de la prescripción ha hecho expresa referencia a que renuncia a la misma, considera la defensa técnica que lo único que procedería sería pronunciarse sobre ese particular, en el sentido de decir que, dado que es su derecho, se acepta, y en cuyo caso continuará el ejercicio de la acción penal”, señaló.
El expediente por el que está vinculado el expresidente en este caso tiene sus orígenes en 2014, cuando iniciaron las investigaciones por posible manejo ilegal de información por parte del ‘hacker’ Andrés Sepúlveda. Según las pesquisas, este último habría intervenido las comunicaciones de negociadores del proceso de paz.
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El mismo Sepúlveda le dijo a las autoridades judiciales que la información obtenida de esas “chuzadas” tenía como propósito favorecer la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga, enlodar la imagen del entonces presidente Juan Manuel Santos y crear una campaña de desprestigio contra los diálogos en La Habana, Cuba.
Por su parte, el expresidente Uribe Vélez ha señalado no haber tenido conocimiento de las acciones del ‘hacker’ Sepúlveda, y, como mencionó durante la audiencia de este viernes 2 de mayo, se habría enterado de los hechos a través de medios de comunicación.
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