El problema trasciende más allá de los detenidos, pues la entidad denuncia que “no se conocen medidas efectivas para proteger la salud de las personas privadas de la libertad, de los guardias ni de los servidores públicos”.
La denuncia de la Personería es tan delicada que pidió a los responsables de estas cárceles que estos establecimientos informen la situación actual de salud que se vive en dichos lugares pues, “según las quejas, se está ocultando información”.
Destaca que en El Buen Pastor, desde el 6 de julio, se conocen de 12 casos de COVID-19, lo que podría desencadenar una crisis.
De hecho, la Personería dijo tener conocimiento de que en esa prisión “no han permitido, en ocasiones, la entrada de funcionarios de la Secretaría de Salud para realizar su trabajo de inspección”.
Pero el asunto toma dimensiones más peligrosas en La Picota, pues el Ministerio Público cita cifras de 400 personas del patio 5 contagiadas, con escasa atención médica y sanitaria y sin lugares adecuados para el aislamiento.
“Se pone en riesgo la vida e integridad de personas y su salud integral”, sentenció la entidad.
Finalmente, apuntó que en las prisiones no hay toma de pruebas para detectar el coronavirus, lo que impide combatir la propagación de la enfermedad.
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