“Los habitantes de San Andrés merecen atención urgente, sus derechos deben ser protegidos”, afirmó Negret, citado en un comunicado de la entidad.
Ante esa situación, la Defensoría entregó a las autoridades una alerta temprana en la que asegura que “estaría dándose” una disputa entre las bandas criminales del Clan del Golfo (la más grande del país) y Los Rastrojos por “el poder territorial y marítimo para el tráfico de narcóticos, armas y contrabando”.
El comunicado también agregó que en San Andrés hubo 22 homicidios el año pasado, 10 más que en 2016; además, en el primer trimestre de 2018 han sido reportados 11 asesinatos.
El defensor, que estuvo los últimos 2 días en la isla, también advirtió de la “grave situación” que viven algunos pobladores a causa de las “pésimas condiciones de salubridad” y el “intenso mal olor” que genera el relleno sanitario “Magic Garden”.
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Asimismo verificó que en la cárcel Nueva Esperanza los reclusos viven en condiciones que “no son dignas para un ser humano”, pues ese centro carcelario tiene capacidad para 110 personas y en este momento hay 206, mientras que 234 más están “con medidas de detención domiciliaria”.
El defensor también escuchó a representantes de las víctimas, cuya “situación gira en torno a las posibilidades de retorno y reubicación, caracterización e indemnización administrativa, por lo que pidieron la gestión de la entidad para que las autoridades puedan dar respuesta pronta a sus inquietudes”.
Por otra parte, visitó el hospital Clarence Lynd Newball Memorial, donde encontró deficiencias en la prestación del servicio.
El pasado 30 de abril, la Procuraduría de Colombia (Ministerio Público) pidió a las autoridades de la isla declarar la emergencia sanitaria y ambiental por la “grave crisis en materia de salud que enfrenta” porque ese hospital “cuenta con un “deficiente tratamiento, almacenamiento, transporte y disposición final de residuos peligrosos”.
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