El primero en pronunciarse fue el mandatario de Medellín, Daniel Quintero Calle, quien publicó en su cuenta de Twitter que las marchas no se iban a permitir por “razones epidemiológicas”. 

Sin embargo, las recomendaciones no les importaron mucho a varios paisas que salieron en carros a manifestarse por las vías de barrios como El Poblado y La Alpujarra.

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Minutos después del pronunciamiento de Quintero, llegó el de la alcaldesa Claudia López, quien también en Twitter manifestó que no podrán haber marchas que “no cambiarán el rumbo de la justicia, pero sí ponen en peligro el rumbo de la vida”. 

Las palabras de López tampoco fueron escuchadas por un puñado de personas que salieron a marchar por la carrera Séptima, desde el oriente hasta el norte de Bogotá. 

Por otro lado, el primero en dar su visto bueno para las marchas en favor (y en contra) del expresidente Álvaro Uribe fue el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. 

“Me han solicitado permiso organizaciones políticas para movilizarse a favor o en contra del ‘caso Uribe’. He explicado que, aunque nos encontramos en cuarentena, el derecho a la protesta es constitucional y por tanto lo tendrán. Deben mantener normas de bioseguridad y distancia”, apuntó el burgomaestre, en su cuenta de Twitter. 

Finalmente, el alcalde de Villavicencio fue otro de los mandatarios que aprobó las protestas en su ciudad. 

El alcalde, Juan Felipe Harman, indicó, en esa plataforma, que aceptó la “caravana promovida por el uribismo” ya que están amparados por el derecho constitucional a la movilización social.

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