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El alcalde de Ibagué Andrés Fabián Hurtado, usó sus redes sociales para anunciar que le fue suspendido el beneficio por el que él mismo había anunciado ya no tendría que pagar arresto domiciliario por el desacato a una decisión judicial, luego de que el Tribunal Superior de Ibagué declarara improcedente la acción de tutela que formuló.
Hurtado dijo: “No nos quieren dejar trabajar, otro palo en el rueda más, he sido notificado el día de hoy por parte del Tribunal Superior donde suspende la medida que ya había determinado la honorable magistrada Cristina Yepes Avivi, en la cual ordenaba la suspensión de la orden de arresto por 15 días expedida por el Juzgado Noveno Penal de Ibagué. Como siempre soy cumplidor de las órdenes judiciales”.
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En ese sentido, según se confirmó a través del equipo de prensa de la Alcaldía, el mandatario estará nuevamente en su hogar, cumpliendo con la decisión que le impuso el Juzgado que ordena 15 días de arresto domiciliario. La medida está relacionada con un desacato a una sentencia de la Corte Constitucional del 2020 en la que se le ordenó al municipio construir un puente peatonal sobre la quebrada La Chumba en el corregimiento San Bernardo.
El alcalde aprovechó para recordar los proyectos en los que está comprometido al cierre de su gobierno; no obstante, sus abogados están revisando en qué va el proceso jurídico.
Tras lo anunciado, el abogado Joaquín Torres, conocido como ‘El rey de las tutelas’, señaló que pese a lo dicho por el alcalde Hurtado, lo cierto es que no hay mayor novedad en el proceso, pues la orden de arresto domiciliaria estaría suspendida, mientras el Tribunal profiere una decisión de fondo.
Torres explicó que tanto el alcalde, como su secretario de Desarrollo Rural, Daniel Jaramillo y la personera, Francy Salazar interpusieron, cada uno una acción de tutela para tumbar la orden de arresto y reiteró que lo que se espera es una decisión final.
Tras la decisión judicial que también involucra a la personera de Ibagué, Francy Ardila, quien ya está cumpliendo con los días de arresto domiciliario indicados, la Federación Nacional de Personerías de Colombia (Fenalper) señaló que no comparten lo ordenado, y que lo mismo es desproporcionado.
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“Es de conocimiento general que no existe norma constitucional y legal que imponga obligaciones de realizar obras de infraestructura a los miembros del Ministerio Público”, reseñó la Federación.
Asimismo, se lamentó que las decisiones no se tomarán teniendo en cuenta la evidencia aportada, pues allí habrían muestras del acompañamiento y seguimiento de la orden por parte de la personera.
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