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La seguridad en los municipios del Norte de Antioquia atraviesa una crisis acentuada por la violencia de grupos armados ilegales. Especialmente en Briceño, la tensión ha alcanzado niveles alarmantes debido a intimidaciones directas contra el alcalde Noé Espinoza Vásquez. Recientemente, a través de un panfleto que circuló por redes sociales y que se adjudica al Bloque Magdalena Medio, frente 36 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), lideradas por alias Calarcá, el mandatario fue amenazado y catalogado como objetivo militar. El documento lo acusa de posibles alianzas con el Clan del Golfo, un grupo armado de marcada presencia en la región. Espinoza, sin embargo, niega rotundamente estos señalamientos.
Según declaraciones del propio alcalde, difundidas mediante un comunicado oficial, las acusaciones carecen de fundamento y se consideran un atentado directo contra la democracia y las instituciones. Espinoza enfatizó que, a lo largo de su labor en el servicio público, siempre se ha guiado por el marco legal, principios de transparencia y responsabilidad, y que jamás ha facilitado ni tolerado la actividad de actores armados al margen de la ley. A su juicio, estas amenazas buscan afectar la legitimidad de la administración municipal e instaurar un clima de desinformación entre habitantes de Briceño.
Ante el riesgo que implica la divulgación de dicho panfleto, Espinoza solicitó la intervención de la Fiscalía General de la Nación. Su petición incluye no solo investigar la procedencia del mensaje intimidatorio, sino revisar su gestión como alcalde para dejar constancia de la transparencia de sus acciones. Asimismo, pidió respaldo a la Unidad Nacional de Protección (UNP), la entidad encargada de brindar medidas de seguridad a personas en situación vulnerable en Colombia.
La respuesta de la UNP determinó algunas acciones preventivas: la asignación de un vehículo convencional, el uso de un chaleco blindado y la ratificación de una persona encargada de su protección. Sin embargo, dadas las circunstancias, estas acciones han sido consideradas insuficientes por la gravedad de la amenaza.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, manifestó públicamente su preocupación ante lo ocurrido y criticó el enfoque de “Paz Total” impulsado por el Gobierno Nacional. Según Rendón, las actuales estrategias consisten en la priorización del diálogo sobre la confrontación directa con estructuras criminales, lo cual —a su criterio— puede generar escenarios propensos a la impunidad y la inseguridad.
En el norte de Antioquia, Briceño es uno de los municipios más golpeados por la criminalidad. Las facciones armadas como el frente 36 de las Farc, bajo el liderazgo de alias Calarcá, mantienen su accionar delictivo en la zona, complicando la labor de los funcionarios públicos y generando un clima constante de amenaza e incertidumbre. Las autoridades continúan investigando los hechos y analizando las posibles soluciones para garantizar la integridad del mandatario y el restablecimiento de la tranquilidad en la región.
Mientras tanto, Espinoza permanece a la espera de una resolución eficaz que le permita desempeñar su mandato en condiciones de seguridad adecuadas, en beneficio no solo de su integridad sino de toda la comunidad briceñita.
¿Qué funciones cumple la Unidad Nacional de Protección (UNP)?
La Unidad Nacional de Protección es una entidad gubernamental que, en Colombia, desarrolla labores enfocadas en salvaguardar la vida e integridad de personas que se encuentran bajo amenaza o riesgo extraordinario, especialmente funcionarios públicos, líderes sociales o testigos en casos judiciales. La protección puede abarcar desde esquemas de seguridad personal hasta el suministro de vehículos blindados, escoltas o chalecos antibalas, según la evaluación particular de cada caso.
Esta intervención resulta fundamental en contextos donde la presencia de grupos armados ilegales expone a los funcionarios y ciudadanos a situaciones de peligro. La UNP evalúa el nivel de riesgo, diseña respuestas personalizadas e implementa medidas preventivas, buscando garantizar tanto el ejercicio de cargos públicos como la defensa de los derechos fundamentales en contextos marcados por la violencia y la intimidación.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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