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Desde hace casi ocho años, los 2.000 habitantes del corregimiento de Zacarías, en Buenaventura, esperan que el agua potable llegue a sus hogares. Allí, en las inmediaciones del río Dagua, entre los pobladores hay más de 900 niños y niñas, quienes, junto a sus padres, han escuchado promesas de acueductos que parecen estar lejos de construirse y sumando las constantes protestas que se presentan en el lugar. Sin embargo, gracias a una acción de tutela, interpuesta por una lideresa afro y representante legal del Consejo Comunitario de Zacarías, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca ordenó al Distrito de Buenaventura llevar agua potable al corregimiento. Un fallo que, hasta ahora, no se ha cumplido.
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Marlyng Tabares Aragón, de 32 años, es quien se echó al hombro esta iniciativa, con el objetivo de que a sus familiares, amigos y vecinos se les respete el derecho de acceso al mínimo vital de agua potable. El recurso, que se interpuso con apoyo del abogado Joaquín Torres, señala que más de seis entidades del Estado, (incluido el Distrito de Buenaventura) violaron el derecho fundamental a la vida, debido a las negativas constantes para suministrar agua para el consumo de los habitantes del corregimiento. “Hay niños, adultos mayores y personas discapacitadas que no tienen acceso a algo tan básico como el agua”, le dijo a este diario.
Al ser representante legal del Consejo Comunitario, Tabares actúa en representación de una menor de cuatro años quien, por la ausencia de agua potable, ha presentado varias enfermedades. De hecho, menciona que, para obtener agua limpia, algunos de los habitantes, incluidos menores de edad, deben atravesar el río Dagua con baldes, botellas y hasta carretillas para llegar a las quebradas. “Debemos pasar en potrillos (canoas) por el río, del cual también debemos sacar agua, pero esa está contaminada; sirve para lavar la ropa y otras labores de la casa, pero no para consumo humano”, añadió la lideresa.
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