El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
El reciente anuncio realizado en conjunto por el Gobierno de Gustavo Petro y el Clan del Golfo sobre el cierre de la primera ronda de negociaciones en Doha, Catar, representa un paso trascendental en el proceso de paz colombiano. Este avance no se limita únicamente al silenciamiento de las armas, sino que introduce un plan piloto centrado en la transformación territorial, social y económica de cinco municipios especialmente castigados por el conflicto. Esta estrategia, presentada como una base para la construcción de paz estructural, busca superar décadas de violencia y exclusión histórica, y demanda un análisis minucioso sobre sus posibles alcances y desafíos.
En este acuerdo piloto se contemplan los municipios de Mutatá en Antioquia, así como Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía en el departamento de Chocó. La selección de estos territorios obedece a su marcada presencia de factores armados, así como a la persistencia de rezagos socioeconómicos según documentó la Fundación Ideas para la Paz en 2024. En estos municipios, el deterioro económico y los problemas ambientales como la deforestación y la proliferación de cultivos ilegales agravan una situación ya crítica, por lo que la llamada “etapa de construcción de confianza” resulta imprescindible para consolidar una paz de largo aliento.
El acuerdo establece además el compromiso del Clan del Golfo de identificar y entregar a los menores bajo su influencia al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Se trata de un avance exigido por organismos como Human Rights Watch y UNICEF, que desde hace años han subrayado la necesidad de proteger a la infancia utilizada en dinámicas de guerra. Mecanismos independientes de seguimiento, con la intervención de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Conferencia Episcopal, han sido planteados para vigilar este proceso y garantizar su transparencia y legitimidad.
El programa piloto también abarca la sustitución de cultivos ilícitos bajo la coordinación de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Esta intervención, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), resultará efectiva solo si se acompaña de inversión social y seguridad. La dependencia económica de muchas comunidades del narcotráfico solo podrá revertirse mediante nuevas fuentes de ingresos legales con apoyo estatal sostenido.
Otra arista del acuerdo toca la migración irregular y sus implicaciones, particularmente relevantes en zonas de frontera bajo permanente presión de actores ilegales. La conformación de un grupo liderado por Migración Colombia responde a orientaciones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que recomienda respuestas integrales y garantes de derechos para mitigar la explotación y los abusos hacia migrantes.
El componente ambiental cobra fuerza con la inclusión de un grupo de trabajo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, respondiendo al deterioro irreversible causado por la deforestación, la minería ilegal y la explotación maderera. Investigaciones de la Universidad Nacional de Colombia reflejan que la paz en estos territorios depende también de la restauración de sus ecosistemas y la gestión sostenible de sus recursos.
Finalmente, el Clan del Golfo ha prometido no intervenir en las elecciones de 2026 y respetar el Derecho Internacional Humanitario. Este compromiso abre la puerta a un escenario de normalización política, con el reto de implementar mecanismos de justicia transicional que garanticen verdad, justicia y reparación para las víctimas, una exigencia reiterada por la Comisión de la Verdad.
Con respaldo de la ONU, la OEA y la Iglesia Católica, este acuerdo marca un capítulo esperanzador, aunque los retos para alcanzar transformaciones significativas y sostenibles siguen siendo considerables. La próxima fase exigirá transparencia, participación comunitaria y mucha vigilancia internacional para que las promesas se traduzcan en realidades tangibles.
¿Por qué la sustitución de cultivos ilícitos es fundamental en el proceso de paz? La sustitución de cultivos ilícitos constituye uno de los mayores retos estructurales en los municipios afectados por el conflicto armado. Gran parte de la economía rural en estas zonas ha dependido históricamente del cultivo de coca y otras plantas ilegales, lo que ha perpetuado la violencia, la inseguridad y la dependencia del narcotráfico. Por ello, el acuerdo piloto establece sistemas de apoyo social y acompañamiento institucional para ofrecer alternativas económicas adecuadas que apoyen la reconversión productiva de estas comunidades, siguiendo recomendaciones de organismos internacionales señaladas en el informe de UNODC 2024. Sin este enfoque integral, las comunidades corren el riesgo de retornar a actividades ilícitas ante la ausencia de opciones legales efectivas.
¿Qué significa “justicia transicional” en el contexto de estos acuerdos? La “justicia transicional” se refiere a aquellos mecanismos y procesos desarrollados en sociedades que buscan superar periodos de conflicto armado o represión masiva. Su finalidad es establecer la verdad sobre los hechos violentos, sancionar a los responsables y ofrecer reparación a las víctimas. En el proceso actual, este tipo de justicia implica la adopción de medidas legales y extrajudiciales que garanticen derechos fundamentales, procurando no solo el castigo de los responsables, sino también la reconciliación nacional y la reconstrucción del tejido social, según lo enfatizó la Comisión de la Verdad en su último reporte.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO
.svg)
