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La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra el representante a la Cámara Óscar Benavides, luego de recibir una denuncia relacionada con la forma en que, presuntamente, se solicitaron y recibieron aportes económicos de ciudadanos.
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El congresista deberá rendir versión libre, diligencia en la que podrá explicar su actuación, responder a los señalamientos y aportar la información que considere necesaria para su defensa.
Delitos bajo investigación
La indagación se adelanta por los presuntos delitos de captación masiva y habitual de dineros y usurpación de función pública.
El primer delito está relacionado con la posible recepción reiterada de recursos del público sin cumplir los requisitos legales. En cuanto a la presunta usurpación de función pública, la Corte deberá establecer si el congresista habría asumido o ejercido atribuciones que no le correspondían al momento de gestionar los recursos.
Denuncia por recolección de aportes
La denuncia menciona supuestas irregularidades en la recolección de dinero de los ciudadanos para apoyar a las personas afectadas por el terremoto.
Uno de los aspectos que deberá ser revisado por la Sala es si los aportes fueron solicitados o recibidos mediante cuentas personales y cuál fue el destino final de los recursos. También se tendrá que determinar si existieron autorizaciones, soportes contables y mecanismos de control sobre las donaciones.
Investigación en etapa inicial
La apertura de una indagación previa no significa que el congresista haya sido declarado responsable de los delitos señalados. En esta fase, la Corte deberá recopilar documentos, escuchar las explicaciones de Benavides y verificar las circunstancias en las que fueron solicitados y administrados los recursos.
Con base en ese análisis, la Sala determinará si existen elementos suficientes para avanzar a una investigación formal o si, por el contrario, el caso debe ser archivado.
La diligencia de versión libre será uno de los primeros pasos para esclarecer el origen de la denuncia y establecer si la actuación del representante se ajustó a la ley.
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