En medio de las controversias en la política nacional, un nuevo movimiento salió a flote de manos de la actual administración de cara a un tema delicado en las relaciones internacionales.
El Gobierno nacional buscará un “diálogo de buena fe con Nicaragua” sobre el fallo de la Corte Internacional de Justicia del 19 de noviembre de 2012, que confirmó la soberanía colombiana sobre siete formaciones insulares del archipiélago de San Andrés y fijó una nueva delimitación marítima entre ambos países.
La postura institucional surgió como respuesta inmediata a las declaraciones del presidente Abelardo De La Espriella, quien confirmó que promulgará un decreto ejecutivo el próximo 30 de noviembre.
Mediante esta norma oficial, el Ejecutivo proyecta definir las líneas de base territoriales e inscribir sus puntos geográficos exactos en la cartografía marítima nacional de forma definitiva.
Conforme al criterio del jefe de Estado, la iniciativa administrativa tiene como propósito cumplir las obligaciones legales fijadas en la Ley 10 de 1978 sobre demarcación costera.
“El territorio arrecifal es parte integral del territorio colombiano y desde ese decreto que firmaremos en noviembre lo será con coordenadas, como manda la ley que vamos a hacer cumplir”, afirmó el presidente De La Espriella durante su alocución presidencial de este domingo.
Las líneas de base constituyen las cotas cartográficas fundamentales a partir de las cuales cada Estado delimita la proyección jurídica de su dominio marítimo costero.
Al respecto, el ministro Lara aseveró que la fijación de estas referencias protegerá la condición insular unificada del territorio nacional, criticando a su vez las actuaciones procesales desarrolladas previamente en La Haya.
El objetivo central de la administración busca catalogar las zonas acuáticas comprendidas entre los cayos del territorio insular bajo la figura jurídica de aguas interiores colombianas.
No obstante, la sentencia dictada en 2012 adjudicó una porción de dichos sectores marinos a la zona económica exclusiva nicaragüense, otorgando derechos sobre la explotación de recursos.
Dentro de dicho marco, el fallo mantuvo la potestad absoluta de Colombia sobre cada una de las formaciones emergidas reconocidas con sus respectivos mares territoriales.
La publicación del articulado está programada para el 30 de noviembre, coincidiendo de forma estratégica con la conmemoración especial de la fiesta patronal de San Andrés.
En ese sentido, De La Espriella ratificó la medición topográfica e inclusión cartográfica de los arrecifes, mientras Lara enfatizó la importancia de iniciar aproximaciones diplomáticas de concertación bilateral.
Este paso administrativo reabre un capítulo trascendental en la gestión de las fronteras marinas, priorizando la preservación del ecosistema archipelágico y la defensa del patrimonio nacional.
¿Qué dice el fallo de La Haya sobre límites de Colombia y Nicaragua?
La Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya emitió dos sentencias trascendentales para dirimir la disputa territorial y marítima entre Colombia y Nicaragua.
En el histórico fallo del 19 de noviembre de 2012, el tribunal confirmó de manera unánime la soberanía colombiana sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Asimismo, la alta corte reconoció la potestad de Colombia sobre las siete formaciones insulares de Alburquerque, Bajo Nuevo, Cayos Este-Sureste, Quitasueño, Roncador, Serrana y Serranilla.
Sin embargo, la sentencia modificó la frontera marítima del Caribe al otorgarle a Nicaragua una amplia zona económica exclusiva en áreas que antes administraba el gobierno colombiano.
El fallo trazó una nueva línea de delimitación continental, reconociendo el mar territorial de 12 millas alrededor de los cayos colombianos pero rodeándolos de aguas bajo jurisdicción nicaragüense.
Posteriormente, el 13 de julio de 2023, la Corte dictó un fallo definitivo que desestimó las pretensiones de Nicaragua de extender su plataforma continental más allá de 200 millas.
La magistratura internacional concluyó que un país no puede extender su plataforma continental si esta se superpone con las 200 millas marinas correspondientes a la zona exclusiva de otro Estado.
Con esta última decisión judicial, los jueces rechazaron fijar límites marinos adicionales, protegiendo los derechos marítimos del territorio insular colombiano en el mar Caribe.
Las determinaciones del tribunal internacional concluyeron el largo diferendo jurídico planteado ante la sede judicial internacional, dejando en firme las soberanías y competencias marítimas actuales.
El Estado colombiano sostiene la defensa integral de su territorio insular, aplicando mecanismos diplomáticos y normativos para consolidar su presencia en las zonas marítimas caribeñas.
Balance del terremoto, según el presidente
El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.
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