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El caso de Luis Carlos Mendoza expone la realidad de muchos migrantes que, huyendo de la represión estatal en Nicaragua, enfrentan un nuevo encierro en países africanos donde tampoco encuentran refugio ni libertad. Mendoza, a sus 38 años, sobrevive en Bangui, capital de la República Centroafricana, después de ser deportado desde Estados Unidos, pese a haber obtenido protección bajo la Convención contra la Tortura. Según France 24 y Human Rights Watch, el único documento que acredita su existencia es una desgastada tarjeta de vacunación. Vive ahora en un refugio militarizado, bajo condiciones precarias y constante vigilancia de guardias armados.
Antes de su expulsión, Mendoza vivía en Washington D.C., amparado por una suspensión de deportación dictada por un tribunal estadounidense, lo que impedía devolverlo a Nicaragua debido al riesgo de persecución. Su vida cambió drásticamente en febrero de 2026, cuando, tras acudir a una cita rutinaria ante el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), fue detenido y posteriormente trasladado sin previo aviso. Relata haber sido víctima de violencia antes de abordar el avión: fue amarrado y herido por balas de goma, en medio de la incertidumbre y el temor compartido con otros migrantes.
La historia de Mendoza no es un caso aislado. Un informe de Human Rights Watch, divulgado el 8 de octubre de 2026, documenta más de 500 expulsiones de personas de terceros países a naciones africanas desde enero de 2025. Las víctimas de este tipo de traslados, según la organización, no reciben información sobre su destino ni oportunidad de impugar el procedimiento. Estados Unidos, según testimonios recogidos por HRW, utiliza estos destinos remotos para "asustar a la gente" y disuadir la migración irregular.
Expertos como Javier Contreras y Rachel Schmidtke, citados por France 24, advierten que enviar migrantes a países como la República Centroafricana representa una ruptura grave de las reglas internacionales, especialmente el principio de no devolución consagrado en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Los mecanismos legales, aunque permiten proteger a solicitantes de asilo, quedan en entredicho cuando se recurre a acuerdos con países terceros que no garantizan condiciones mínimas de seguridad ni derechos.
El retorno a Nicaragua no es opción para Mendoza ni para miles de opositores: el gobierno ha cancelado elecciones, perseguido a críticos y despojado de la nacionalidad a cientos, creando un doble exilio. Mientras, en Bangui, Mendoza enfrenta otro encierro, sin certeza sobre su futuro legal y con la vida en suspenso.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Por qué Estados Unidos deporta a migrantes a países africanos donde no tienen vínculos?
De acuerdo con un informe de Human Rights Watch citado por France 24, Estados Unidos ha implementado una política de enviar a migrantes, que no pueden ser devueltos a sus países de origen, a naciones africanas con las que no tienen ningún lazo. Según HRW, el objetivo es “asustar a la gente” y disuadir nuevas migraciones irregulares creando entornos de máxima incertidumbre y sufrimiento, lo cual ha sido documentado en más de 500 casos desde enero de 2025.
¿Qué implica el principio de no devolución para los migrantes en riesgo?
El principio de no devolución, consagrado en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, prohíbe que los Estados envíen a una persona a un lugar donde pueda enfrentar persecución o tortura. Sin embargo, como explicó Rachel Schmidtke a France 24, los traslados hacia terceros países, como la República Centroafricana, cuestionan este principio, ya que los migrantes pueden seguir expuestos a peligros graves y quedar en un “limbo” legal y humanitario.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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