Tras las intensas jornadas de movilización ciudadana registradas durante el fin de semana del 17 y 18 de octubre frente al Museo Nacional, la ministra de Cultura, Paola Holguín, rompió el silencio y emitió una categórica postura oficial para respaldar la reciente determinación del Gobierno nacional de retirar varias piezas de las salas de exposición permanente. La medida, que ha desatado un encendido debate nacional, responde directamente a una directriz emitida por el presidente Abelardo De La Espriella, quien ha enmarcado esta decisión dentro de una denominada “contrarrevolución cultural” orientada a librar una “lucha abierta, decidida y patriótica contra el ‘wokismo'”. Entre los elementos excluidos de los espacios museográficos figurarían afiches políticos alusivos a figuras como Carlos Pizarro y la Unión Patriótica, así como diversos lienzos enfocados en temáticas de paz y en la reivindicación de la población LGBTIQ+.
Ante la presión de las protestas ciudadanas que colapsaron los alrededores del emblemático recinto cultural, la jefa de la cartera de Cultura utilizó su perfil oficial en la red social X para lanzar duros cuestionamientos contra los organizadores y manifestantes, argumentando que las movilizaciones buscarían legitimar visiones sesgadas de la historia nacional. En su pronunciamiento textual, la funcionaria aseveró: “Durante este fin de semana, quienes convirtieron la cultura en herramienta de deconstrucción histórica, apología al delito y revictimización de las víctimas; llamaron a protestar frente al Museo Nacional”. Asimismo, la alta funcionaria expresó su rechazo categórico ante la presencia de personas encapuchadas en las protestas, señalando que se habría recurrido a la presunta instrumentalización de menores de edad para utilizarlos como escudos humanos durante los altercados.
Pese a los roces registrados en las inmediaciones del museo, Holguín extendió un reconocimiento público a la Fuerza Pública por su labor al garantizar el desarrollo de expresiones pacíficas y evitar que los disturbios escalaran hacia afectaciones mayores contra la infraestructura o la seguridad ciudadana. La ministra argumentó que la reestructuración de la museografía, la museología y la curaduría en los espacios administrados por el Ejecutivo buscaría garantizar que la cultura nacional no responda a agendas ideológicas sectarias. Según la postura oficial, el objetivo primordial radicaría en asegurar que los museos públicos divulguen y protejan expresiones que “represente a toda la nación y no sólo a un sector”, reorientando los relatos históricos hacia una visión institucional más neutral.
En esa misma línea, la administración central reiteró su supuesto compromiso irrestricto con la protección de los derechos de las víctimas y la no repetición de hechos violentos, distanciándose de los contenidos que fueron marginados de las muestras estables. Para cerrar su intervención pública, la ministra de Cultura enfatizó en la necesidad de blindar las instituciones estatales frente a lo que consideran una inversión de los valores tradicionales y los deberes históricos del Estado, puntualizando textualmente: “Preservar la memoria del país, sus tragedias y sus logros, exige esfuerzos de la sociedad y las autoridades públicas, y obliga a actuar con firmeza frente a actos que deshonoran la memoria de los afectados, para evitar que se inviertan los valores sociales y las responsabilidades históricas”. Con este posicionamiento, el Gobierno reafirmaría su intención de transformar la gestión de los bienes culturales del país, mientras diversos sectores sociales y académicos advierten que la controversia jurídica y política continuará escalando en los próximos días en torno a la salvaguarda de la memoria histórica plural.
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