Si bien el presidente Gustavo Petro va a San Andrés a escuchar en el archipiélago la decisión que anunciará este jueves la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya sobre la demanda que instauró Nicaragua en 2013 contra Colombia, y eso constituye un significativo acto de soberanía, el concepto de ese tribunal no define ese litigio en sí mismo de manera definitiva, sino su competencia sobre el mismo.
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Hay expectativa razonable y temor infundado por lo que pueda decir la CIJ, al punto de que muchos creen que Colombia puede ver cercenado su mar Caribe este mismo jueves. Por eso, también resulta significativo que Gustavo Petro, la víspera de que la CIJ anuncie su determinación, se hubiera referido a la capacidad militar de Colombia para defender su soberanía. “La capacidad militar de una nación depende de sus fuerzas militares, de sus instrumentos, de su capacitación. Mañana [este jueves] estarán a prueba”, dijo.
Anticipó también que el tema lo tocará este jueves en San Andrés, aunque adelantó que “lo que queda como lección para este evento es que hay que tener capacidad aérea. ¿Podemos llegar hasta San Andrés fácilmente? Pues en vuelos civiles sí. ¿En vuelos militares…? ¿Nuestra capacidad naval es suficiente para controlar el mar que estuvo bajo nuestro cuidado, el que disminuyeron en una de estas decisiones judiciales hace unos años?”, se preguntó.
Al lado del uso de la fuerza, como factor disuasor en primera instancia, y como elemento de defensa de los intereses de Colombia en segunda instancia, quizás el mandatario también debiera considerar el aspecto diplomático (siempre preferible) con el nombramiento de un embajador que no entienda la defensa de esos intereses del país en Managua a la manera de congraciarse con el régimen, como recién lo hizo el actual representante diplomático en Managua, León Fredy Muñoz.
La presencia de Petro y del canciller Álvaro Leyva Durán en San Andrés, la mención a la fuerza militar de Colombia y la orden al embajador Muñoz para que regresara a Bogotá con el fin de explicar su manifiesta simpatía por el régimen de Daniel Ortega constituyen un decorado de expectativa por una decisión que sí es muy importante, pero que no es de fondo.
Qué busca Nicaragua con su demanda contra Colombia
La pretensión de Nicaragua es conseguir 150 millas más de las 200 que le corresponden en el mar Caribe, y así alcanzar las 350 millas del lecho y subsuelo submarinos, lo cual representa una pérdida para Colombia en lo que tiene que ver con la explotación de recursos marinos.
“En esta disputa están en juego zonas marítimas muy ricas en biodiversidad, recursos pesqueros, belleza paisajística, pero también recursos naturales” como gas y petróleo, señaló a AFP Nicolas Boeglin, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica.
Nicaragua sostiene que tanto el derecho consuetudinario (el de la costumbre) como el artículo 76 de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar ofrecen una cobertura legal a su demanda.
La CIJ no se pronunciará específicamente sobre esto. No dirá si Nicaragua tiene derecho o no. Lo que hará ese tribunal de justicia es anunciar si tiene la competencia para decidir si el país centroamericano es titular o no de derechos más allá de esas 200 millas. En otras palabras, dirá si le corresponde o no delimitar la plataforma continental, basada en el derecho internacional.
Así, quedan dos caminos: si dice que sí es competente, significa que Nicaragua convenció a la CIJ (máximo órgano judicial de las Naciones Unidas) sobre la necesidad de estudiar su petición de tener las 150 millas adicionales de suelo y subsuelo marino, y el proceso continuaría.
La otra opción es que la CIJ admita que no es competente en este caso, que diga que no hay una fuente de derecho o algo que le permita tomar una decisión dentro de las normas del derecho, y, “por lo tanto, ya no hay demanda y queda desestimado todo”. Es “lo mejor que nos puede pasar”, dijo la analista internacional María Teresa Aya, en Noticias Caracol.
No importa la decisión; las actividades de los isleños no tendrán ninguna afectación. Las faenas de pesca no guardan ninguna relación con el suelo y subsuelo marino que reclama Nicaragua. Incluso, la Armada Nacional puede seguir operando y patrullando en las aguas internacionales.
Argumentos de Colombia contra Nicaragua
El equipo de especialistas que defiende a Colombia en este litigio internacional en La Haya ha concentrado su estrategia también en convencer a la CIJ de no seguir con el proceso.
Los argumentos fundamentales con los que el país enfrenta las pretensiones del régimen de Daniel Ortega son que Colombia no ha suscrito la Convención del Mar (que tiene los mecanismos para delimitar la plataforma continental extendida) y que la idea expansionista de Nicaragua carece de sentido porque se cruza con la zona económica de otro Estado: Colombia.
También plantea que Managua “no demostró científicamente que tiene una plataforma continental” que se extiende más allá de 200 millas. La Cancillería colombiana sostiene que dicha ampliación de la plataforma “no debería ser considerada como parte del derecho internacional consuetudinario”.
El litigio por este preciado espacio se remonta a 1928, cuando ambos países firmaron un tratado que reconocía la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés.
Managua, que desconoce la validez de ese acuerdo, presentó una primera demanda ante la CIJ en 2001, resuelta en 2012 cuando el tribunal le otorgó un área de aproximadamente 75.000 km2 en el mar Caribe, pero ratificó la soberanía de Colombia sobre el archipiélago. De esa forma, el fallo dejó a las islas colombianas rodeadas de aguas territoriales nicaragüenses, una situación que derivó en otra disputa por la presencia de navíos colombianos en la zona.
A raíz del dictamen de 2012, el Gobierno colombiano se retiró del Pacto de Bogotá, un instrumento que precisamente reconoce la jurisdicción de la CIJ para este tipo de controversias. En 2013, Nicaragua presentó otra demanda ante la CIJ para exigir que Colombia se abstuviera de violar los espacios marítimos.
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