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El Estado venezolano entró en una nueva etapa de excepción con la publicación, en la Gaceta Oficial Extraordinaria N.º 6.954, del decreto que establece el Estado de Conmoción Exterior. Esta medida, firmada el 3 de enero de 2026 y difundida dos días después, fue oficialmente refrendada por Nicolás Maduro, quien estampó su rúbrica a pesar de haber sido detenido horas antes por fuerzas militares estadounidenses. El decreto, que entró en vigor inmediatamente tras su publicación, introdujo un significativo endurecimiento en las facultades otorgadas al Ejecutivo, destacando el control y despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y la intervención en sectores clave de la economía y los servicios públicos.
La declaración de un “conflicto armado externo” marcó el fundamento jurídico de la medida, justificando un paquete de restricciones en respuesta al ataque militar estadounidense. Según la información oficial, los bombardeos se centraron en las regiones de Caracas, Aragua y La Guaira, afectando tanto infraestructuras estratégicas como zonas residenciales. En el operativo que derivó de estas acciones bélicas, Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores fueron arrestados y, posteriormente, trasladados a Nueva York. Allí, el mandatario venezolano se declaró inocente ante cargos de narcotráfico y terrorismo, en una audiencia judicial de alto perfil.
El control militar sobre la sociedad y la economía se materializó en directrices específicas dentro del decreto. El documento fue refrendado por Delcy Rodríguez en calidad de presidenta encargada, dotando a las autoridades de capacidades extraordinarias para preservar el funcionamiento estatal. Se dispuso la activación del Comando para la Defensa Integral de la Nación, con la instrucción expresa de aprovechar la totalidad de los recursos de la Fanb. Al mismo tiempo, la industria petrolera, los servicios públicos y las telecomunicaciones pasaron a un régimen de administración castrense, implicando que el personal de estos sectores quedara sujeto temporalmente a normas militares.
Una de las disposiciones más restrictivas del decreto, contenida en su artículo 5°, instruye a las fuerzas policiales de todos los niveles a detener inmediatamente a cualquier persona que promueva o respalde, incluso de manera privada, la intervención militar extranjera. El documento establece que quienes sean acusados de tales delitos deben ser entregados al Ministerio Público para ser procesados judicialmente, garantizando lo que el propio decreto denomina debido proceso.
Adicionalmente, la normativa limita derechos esenciales como la libertad de tránsito y de reunión, habilitando a las autoridades a regular o restringir movimientos de personas y encuentros públicos que pudieran considerarse amenazantes para la seguridad nacional. Se incorporaron también instrumentos económicos y políticos con la finalidad de resguardar los derechos fundamentales, aun en este contexto de excepción ampliada. Por último, el Estado de Conmoción Exterior fue decretado por un periodo inicial de 90 días, susceptible de extenderse por un lapso de igual duración, lo que abre la puerta a la prolongación de todas estas medidas hasta por seis meses, conforme al texto legal divulgado por las fuentes oficiales.
¿Qué repercusiones puede tener la suspensión de derechos y el control militar sobre industrias estratégicas en la vida cotidiana de la población venezolana?
La relevancia de este interrogante radica en que, durante los Estados de excepción, la alteración de derechos básicos y la militarización de sectores esenciales suelen transformarse en factores que afectan directamente la rutina y el bienestar de la ciudadanía. Cuando el control y la toma de decisiones recaen en mandos castrenses, actividades tan elementales como el acceso a combustibles, servicios esenciales y medios de comunicación pueden verse sujetos a nuevas restricciones o procedimientos más rígidos.
Además, la limitación de libertades como la de tránsito o de reunión modifica sustancialmente la vida pública y privada, pues impide el desplazamiento libre y restringe las posibilidades de expresar opiniones o protestar. Estas restricciones, documentadas en el decreto citado por la Gaceta Oficial venezolana, cobran especialmente importancia en un momento de crisis e incertidumbre, donde la población demanda información clara y mecanismos eficaces para proteger sus derechos fundamentales.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela
En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.
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