Todo se deriva de los hechos del 30 de abril, cuando una treintena de militares se rebeló contra el dictador Nicolás Maduro.
Se suman el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Édgar Zambrano, cuyo procesamiento penal ya había sido autorizado por el TSJ el jueves pasado también por la insurrección liderada por el opositor Juan Guaidó.
Pocas horas después, a solicitud del Supremo, la oficialista Asamblea Constituyente despojó de su inmunidad a los siete congresistas: Zambrano, Henry Ramos Allup, Luis Florido, Marianela Magallanes, Simón Calzadilla, Américo De Grazia y Richard Blanco.
“Cada quien asuma su responsabilidad. Nosotros asumimos la nuestra hoy: abrir el camino para enjuiciar a quienes participaron activamente” en la sublevación, anunció el presidente de la Constituyente y número dos del chavismo, Diosdado Cabello.
De todas maneras, el TSJ consideró que como los delitos fueron cometidos de manera “flagrante” los dirigentes carecían de fuero. Así, instruyó al fiscal general, Tarek William Saab, a tramitar las causas en los tribunales comunes.
EE. UU. anima a otros militares
Este es un nuevo capítulo en la pugna por el poder que mantienen Maduro y Guaidó, reconocido como presidente interino por una cincuentena de países, en el contexto de la peor crisis económica en la historia moderna del país petrolero.
Principal valedor internacional de Guaidó, Estados Unidos buscó aumentar este martes su presión a Maduro al anunciar el levantamiento de sanciones económicas contra el exjefe de inteligencia de Venezuela, general Christopher Figuera, afirmando que este apoyó el levantamiento.
“Espero que las acciones que nuestra nación está tomando hoy animen a otros a seguir el ejemplo” de Figuera, expresó el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, en Washington.
Fue la primera confirmación por parte de un alto funcionario del apoyo de Figuera al alzamiento.
Guaidó dijo que la decisión de Washington demostró el “compromiso” suyo y de sus aliados con los militares que desconozcan al gobernante socialista.
“Evidencia el respaldo firme de nuestros aliados” y “nuestra seriedad y compromiso con nuestra Fuerza Armada dispuesta a defender la Constitución”, escribió el opositor en Twitter.
Pero para Cabello la medida es “una clara demostración” de que las sanciones económicas estadounidenses contra funcionarios venezolanos “no tienen nada que ver con lavado de dinero, narcotráfico, derechos humanos”, sino que son una “persecución política”.
Ante el fallo contra los diputados, Pence calificó al TSJ de “herramienta política para un régimen que usurpa la democracia” y advirtió que Washington puede sancionar a sus 25 miembros.
Pence ratificó en la reunión anual de la organización empresarial Consejo de las Américas que “todas las opciones están sobre la mesa” para sacar del poder a Maduro, pero en ese mismo escenario el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, advirtió que una intervención militar sería “un gran error”.
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