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El Salvador de Nayib Bukele combina seguridad récord y concentración del poder en una sola mano. Mientras bajan los homicidios y la aprobación del presidente supera el 80%, se multiplican el miedo a hablar, el exilio de medios de comunicación como El Faro, la criminalización de activistas y se impone un andamiaje legal que estrangula iniciativas en desacuerdo con el Gobierno.
El Salvador vive una dualidad profunda: una sensación inédita de seguridad en las calles frente a una erosión acelerada de las libertades.
Lo más desconcertante del país gobernado por Nayib Bukele es la coexistencia entre popularidad abrumadora y miedo generalizado. Aunque más del 80% de los salvadoreños aprueba su gestión, casi seis de cada diez temen represalias si critican al Gobierno, según el Instituto de Opinión Pública de la UCA.
Y el presidente dice sin matices: “¿Saben qué? No me importa que me llamen dictador. Prefiero eso a que maten salvadoreños en la calle”, como afirmó el 1 de junio ante la nación.
Desde la entrada en vigor del régimen de excepción, en marzo de 2022, las cifras van en la misma dirección que el discurso de Bukele: en 2019, la UNODC registró una tasa de 38 homicidios por cada 100.000 habitantes en El Salvador; para 2024, todavía UNODC no ha publicado cifras oficiales, pero los datos proporcionados por el Gobierno la sitúan en 1,9 por cada 100.000.
En ese proceso, El Salvador también se convirtió en uno de los países con la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. La caída de los homicidios reforzó la imagen de ‘salvador’ del mandatario, pero también su control sobre la información y la crítica.
Un ejemplo es el caso de Ingrid Escobar. “Ingrid, usted está en una lista de personas que quieren detener. Ya vienen por usted”. Un día de junio, Ingrid Escobar, una de las voceras de la Mesa del Exilio Salvadoreño, recibió ese aviso. “Al día siguiente agarré dos maletas, mis dos hijos, y nos fuimos”, afirma.
Durante 14 años, Ingrid Escobar fue sindicalista del sector público. Con la “guerra contra las pandillas”, lanzada por Nayib Bukele en 2022, empezó a presenciar arrestos de compañeros sin vínculos con pandillas ni acusaciones. Tres siguen desaparecidos en el sistema penitenciario.
Escobar fundó entonces la organización Socorro Jurídico Humanitario para liberar a quienes nunca debieron estar presos. Los liberados se convirtieron en testigos de las condiciones en prisión.
Desde el inicio del régimen de excepción hasta la publicación de este artículo, la organización ha registrado 453 muertes bajo custodia estatal, incluidos cuatro menores de edad, es decir, el equivalente a una muerte cada tres días.
Al hacer públicas estas denuncias, Escobar pasó de observar la represión a ser su blanco. Por investigar las cárceles, la defensora podía terminar en una.
“Desde abril, cada semana, tenía uniformados afuera de mi casa. Y ya sabemos cómo funciona: primero detienen, luego investigan”, relata la salvadoreña a France 24.
Escobar ya estaba mentalizada para ese destino: “Le había dicho a mi mamá qué debía llevarme si me capturaban: dinero, aseo personal. Pensaba: ‘Ya sé cómo funciona adentro, no soy tan mayor; creo que podré sobrevivir'”.
En febrero, la fuerza de voluntad no bastó: le diagnosticaron un sarcoma de tejido blando, un cáncer agresivo. “Después de ver morir a tanta gente por enfermedades menores en prisión, sabía que si me detenían, era una condena a muerte. Y ese cáncer se las ponía bien fácil para lavarse las manos si llegaba a fallecer en la cárcel”, ironiza Escobar.
“Estaba consciente de que quizás me iba a tener que ir, porque las dictaduras son así. Pero cuando uno está enfermo, tener a su familia cerca al menos le da un poco de consuelo”, afirma.
El Faro al exilio: persecución tras revelar pactos con pandillas
No solo los líderes sociales, también los medios de comunicación han vivido la represión en carne propia. El Faro, medio emblemático del periodismo latinoamericano, fue uno de los primeros. Sin sus investigaciones, los salvadoreños no sabrían que su presidente negoció con las pandillas o que fondos públicos se usaron para ampliar su residencia privada. El medio de comunicación, fundado en 1998, sobrevivió a cuatro presidentes antes de Bukele.
“En gobiernos anteriores, nos han acusado de ser pandilleros, mentirosos. No es la primera vez que nos amenazan, incluso de muerte. Pero antes de la era Bukele, nos atacaban grupos de poder; ahora nos ataca el hombre que tiene todo el poder”, resume Óscar Martínez, jefe de redacción, en conversación con France 24 desde su exilio en México.
Él y su equipo consiguieron por primera vez las confesiones en video de dos líderes de pandillas que aseguraron haber pactado con el presidente Bukele. Antes de publicar la serie de entrevistas, cuatro periodistas de El Faro salieron del país como medida de precaución. Luego tres más, después 10 y, en cuestión de semanas, 25 colegas siguieron el mismo camino, para que “si se nos exige enfrentar la justicia, lo podamos hacer sin que nos detengan antes”, explica Martínez.
El regreso a El Salvador se frustró a última hora. “A unas horas de nuestro vuelo, un miembro del cuerpo diplomático nos dijo que no podíamos volver. Pudimos comprobar por dos vías que existía un plan para implantarnos cocaína en el aeropuerto y así acusarnos de algo que no tuviera que ver con nuestras investigaciones”, según el testimonio del jefe de redacción.
“Bukele se vendió como el libertador de las pandillas, no como el hombre que pactó con ellas. Ese video comprometedor ya no le gustó”, resume Óscar Martínez, y añade que “El Salvador ahora no es un país gobernado por un partido, sino por un señor. Y eso en América Latina nunca ha salido bien”.
En 2023, el medio se vio obligado a trasladar sus oficinas administrativas puesto que el ministerio de Hacienda abrió cinco auditorías fiscales en su contra. “El primer exiliado de El Faro fue El Faro mismo”, recuerda Martínez.
También cuenta que 22 de sus periodistas fueron espiados con el software Pegasus y varios enfrentan investigaciones por presunto lavado de dinero y acusa una campaña incesante de difamación.
El Gobierno incluso habría usado polígrafos para interrogar a funcionarios y averiguar si habían hablado con El Faro.
Algunas de las fuentes que colaboraron con los reporteros están en prisión y una murió allí, con signos de tortura, según relata Martínez, aunque el hecho no ha sido investigado oficialmente.
“Recordamos que en 2023 Bukele encarceló a su propio asesor de seguridad, Alejandro Muyshondt y que, medio año después, fue su cuerpo lo que entregaron a la familia”, señala el periodista.
La detención ocurrió poco después de que Muyshondt acusara públicamente a funcionarios cercanos al presidente de corrupción y vínculos con el narcotráfico. Desde ese momento lo mantuvieron incomunicado.
Murió bajo custodia el 7 de febrero de 2024, a los 46 años. Human Rights Watch documentó graves irregularidades en la atención hospitalaria y en la investigación posterior a su muerte.
“Bukele ha demostrado que puede ser vengativo… por eso creemos que caer en las cárceles ahora sería una condena de muerte para los miembros de El Faro”, advierte Martínez.
Varios periodistas y redacciones de medios como Gato Encerrado, Factum y Focus se han visto forzados al exilio. En octubre, también la Asociación de Periodistas de El Salvador cerró sus puertas y partió fuera del país.
Según Reporteros sin Fronteras, 53 periodistas han huido solo en los últimos seis meses. Hoy, El Salvador ocupa el puesto 135 de 180 en el Índice Mundial de Libertad de Expresión, por debajo incluso de Haití.
Cristosal desde el exterior y su jefa anticorrupción encarcelada
Otros han sido silenciados antes de cruzar la frontera. El 18 de mayo, la jefa de la Unidad de Anticorrupción de la ONG Cristosal, Ruth López, fue detenida.
Se le acusó de peculado por su rol en el Tribunal Supremo Electoral durante una administración anterior. El uso de cargos penales previos y sin relación con su labor actual es una táctica clásica de los regímenes autoritarios para neutralizar a sus críticos, según ha sido documentado por Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
“De hecho, hubo un cambio en los cargos de acusación en los días siguientes a su detención, además de otras irregularidades”, denuncia René Valiente, director de investigación de Cristosal.
“Durante los primeros días estuvo en situación de desaparición: su familia no sabía dónde la tenían. Luego una jueza impuso reserva total del caso, lo que significa que desde su ingreso al penal no ha podido comunicarse con su familia ni con sus abogados”, afirma Valiente.
Después de un cuarto de siglo documentando violaciones de derechos humanos, Cristosal, citando una “escalada de criminalización”, anunció la suspensión de operaciones en El Salvador y su salida el 18 de julio de 2025.
“Es mucho desarraigo. Dejar atrás tu proyecto de vida, tu familia. Ha sido desesperante no tener certeza de cuándo podremos volver a trabajar en el país. Seguimos documentando lo que sucede en El Salvador, pero sin estar en el terreno es difícil. Confiamos en que un día nos vamos a abrazar de nuevo con Ruth y seguir defendiendo los derechos humanos”, dice Valiente desde el exilio.
Cristosal dice haber recibido 3.949 denuncias por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen de excepción en El Salvador, desde marzo de 2022.
LAEX y RAEX: la pinza legal que asfixia a la sociedad civil
Bukele también aceleró el ahogamiento de las voces críticas con un andamiaje legal.
Se trata de la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX), aprobada en mayo de 2025, que obliga a toda persona u organización que reciba fondos del extranjero a registrarse como “agente extranjero” y grava esas entradas con un impuesto del 30%.
También está el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX), el órgano (en Gobernación) que administra el registro, fiscaliza y sanciona (multas, suspensión o cancelación de personería, congelamiento de cuentas), con el poder para imponer multas de 100.000 a 250.000 dólares y suspender personerías jurídicas.
“En la práctica, el Estado se queda con tres de cada diez dólares y deja a criterio del Ejecutivo quién va a funcionar y quién va a ahogarse”, observa René Valiente.
Un ejemplo emblemático es la salida de la AIDS Healthcare Foundation, el mayor proveedor mundial de atención médica para el VIH, que cerró operaciones en El Salvador en 2025. La cobertura local lo atribuye a los efectos de la LAEX/ y el RAEX sobre ONG sanitarias.
“Los temas que eran atendidos por la sociedad civil ya no tienen quién los atienda: atención psicológica, salud LGBTIQ+, defensa de víctimas del Estado, resguardo electoral”, resume el trabajador de Cristosal.
Incluso periodistas freelance o creadores de contenido, que reciben pagos del extranjero quedaron en la incertidumbre, sobre si deben registrarse en el RAEX, ya que en la práctica, no está claro si todo ingreso del exterior activa registro o solo si el contenido “incide” en asuntos públicos; esa ambigüedad regulatoria genera el limbo para freelancers y creadores.
Lejos de ser una innovación, la ingeniería constitucional autoritaria de Bukele replica tácticas ya usadas en Nicaragua, Venezuela y Rusia. Bajo el discurso de “transparencia” y “soberanía nacional”, la LAEX funciona como un arma financiera, ideada para la estrangulación lenta de la disidencia, como lo han denunciado Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
Incluso, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) y la ONG Freedom House también han identificado ese patrón de “autoritarismo legalista” que replica estrategias de los países ya mencionados.
Cuando se le pregunta si encuentra paralelos con el caso nicaragüense, René Valiente revira: “Más bien habría que buscar la diferencia. En ambos regímenes hay una misma táctica: hostigamiento que termina en el exilio, control absoluto de los poderes del Estado y anulación total de los procesos judiciales. Aún no hemos llegado a la expropiación, pero, comparando la velocidad de ambos gobiernos, diría que en El Salvador el desmantelamiento de la libertad avanza incluso más rápido que en Nicaragua”.
Por su parte, Óscar Martínez, de El Faro, contrapone la popularidad y la juventud de Bukele al desgaste del gobierno de Ortega en Nicaragua: “Por eso creemos que estamos apenas en el inicio de esta dictadura. Bukele va a mostrar cada vez más su lado violento. Más gente saldrá a protestar —los salvadoreños son hoy más pobres que cuando llegó al poder— y así se va a ir alargando la lista de blancos. Ya nos tocó a los periodistas, ya les tocó a los activistas, a los opositores, y siempre habrá más víctimas de esta represión“.
Popular, tecnológicamente sofisticado y comunicacionalmente magistral, este modelo se sostiene en resultados tangibles en seguridad, un control absoluto de la narrativa y la neutralización metódica de todo contrapeso.
“Al evaluar la eficiencia de una política de seguridad hay que mirar más allá de los números, desde la decencia, como diría Ruth. De esas 90.000 personas detenidas durante el régimen de excepción, ninguna tiene condena”, advierte René Valiente, de Cristosal.
Según datos oficiales, la Fiscalía y el Órgano Judicial reportan miles de condenas —en su mayoría por asociación ilícita y mediante procesos abreviados o audiencias masivas. Organismos como Human Rights Watch y la CIDH han cuestionado el debido proceso, el uso de prisión preventiva prolongada, defensas limitadas y estándares probatorios débiles. Es decir: sí hay condenas, pero el modo en que se obtienen y la proporción de detenidos sin sentencia firme siguen bajo fuerte escrutinio.
“Cualquier persona puede ser criminalizada. Y las cárceles son donde el régimen de Bukele muestra toda su crueldad”, asegura Valiente.
Desde distintas trincheras, defensores de los derechos humanos siguen resistiendo con un coraje que contrasta con el silencio impuesto en su tierra. “Toda la redacción entiende el momento histórico en el que estamos, que no podemos ser solo víctimas”, dice Óscar Martínez. “No es tiempo de tumbarnos a llorar”.
“Me tocó marchar con megáfono; a hablar con embajadas, dar entrevistas, buscar mecanismos internacionales”, sonríe Ingrid Escobar.
Esa valentía es crucial ya que, desde agosto de 2025, Bukele tiene vía libre para un tercer mandato, tras la aprobación exprés de una reforma constitucional que habilita la reelección presidencial indefinida en El Salvador.
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