La administración de Donald Trump intensifica los esfuerzos para derrocar al actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recurriendo a una inusitada presión militar en la región, de acuerdo con informaciones recientes.
(Vea también: Cuál es el documento que alista Venezuela en caso de que EE. UU. ataque: “Jamás entregaremos la patria”)
Este plan está dirigido por altos asesores, incluyendo al secretario de Estado, Marco Rubio, quien funge también como asesor de seguridad nacional, según un reporte de The New York Times.}
Rubio estaría presionando diferentes estrategas para forzar la salida de Maduro, al que califica de líder ilegítimo y de amenaza para los Estados Unidos debido a su presunta vinculación con el narcotráfico y el Cartel de los Soles.
Según fuentes del citado medio, tanto John Ratcliffe, al frente de la agencia de inteligencia, como Stephen Miller, asesor de política interna, coincidieron en respaldar la estrategia de Rubio.
En el Caribe, la administración Trump ejecutó un despliegue militar sin precedentes, efectuando ataques letales contra embarcaciones que, según sus informes, transportaban drogas para organizaciones venezolanas. El operativo también contempla alrededor de 6.500 soldados en la región y planes para intensificar la presión militar.
Al mismo tiempo, surge una controversia en torno a un proyecto de ley que provoca debate en Washington. Esta propuesta otorgaría al presidente Trump la autorización legal para atacar a los narcoterroristas vinculados a Maduro. Sin embargo, despertó inquietud en sectores del gobierno y del Congreso por las implicaciones que tendría el uso de la fuerza militar.
Maduro tomó medidas frente a una posible intervención de Estados Unidos
El recién firmado decreto de “estado de conmoción externa” por parte del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, intensificó las ya encendidas tensiones entre Venezuela y Estados Unidos.
Maduro, con este decreto, se dota de amplias facultades en áreas de seguridad y defensa, alegando que son necesarias para enfrentar lo que denomina “la agresión de Estados Unidos”.
Bajo este estado de excepción, el mandatario venezolano obtiene terreno para movilizar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todo el territorio, asumir control de infraestructuras estratégicas —como la industria de hidrocarburos y los servicios públicos— y activar planes en seguridad ciudadana y economía para garantizar la soberanía e independencia de Venezuela.
Entre las promesas de la medida, se espera que proteja “la integridad territorial, la soberanía, la independencia y los intereses estratégicos” del país frente a agresiones externas. No obstante, uno de los puntos más polémicos es que abre la puerta a la restricción temporal de derechos constitucionales. Este aspecto se convirtió en el epicentro de críticas por parte de defensores de derechos humanos y organismos internacionales.
El presidente Maduro, en una ceremonia oficial celebrada frente al Comité Ejecutivo del Consejo de Estado de la Nación, con presencia de autoridades nacionales y diplomáticos, firmó el decreto. Este acto ocurre en un escenario de crecientes tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, a raíz de los movimientos militares estadounidenses en el Caribe que Caracas interpreta como una amenaza directa.
Los analistas de la geopolítica regional consideran que el decreto constituye una respuesta de Maduro frente a lo que percibe como una creciente hostilidad de la administración estadounidense. Se debate si esta acción representa una verdadera estrategia de defensa o una táctica para consolidar poder en un país cada vez más dividido y sumido en una crisis institucional y económica.
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