Ese recurso es el derecho de un detenido a comparecer ante un juez o tribunal para que resuelva si su arresto fue o no legal, y si debe levantarse o mantenerse y se presentó el pasado jueves ante el Supremo Tribunal de Justicia (STJ), reveló el abogado de Saab, José Manuel Pinto Monteiro.
La solicitud, explicó, se basa en el supuesto de “encarcelamiento ilegal” de Saab, detenido el pasado 12 de junio en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla de Sal (el más importante de Cabo Verde), en respuesta a una petición de Estados Unidos cursada a través de una alerta roja de Interpol por delitos de blanqueo de dinero.
Según el abogado, “el detenido estaba cubierto por inmunidad de jurisdicción penal y tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela”.
Tras la detención de Saab, Venezuela reaccionó señalando que Saab es un ciudadano venezolano y un “agente” del Gobierno, que se encontraba “en tránsito” para volver al país.
Venezuela, recordó Pinto, “nunca eliminó el estatus de enviado especial al señor Saab, así que cuando hizo una escala en la isla de Sal, esa condición era válida y tenía inmunidad diplomática y no podía ser detenido bajo esas condiciones”.
También se apoya el ‘habeas corpus’ en el “uso fraudulento de una alerta roja por parte de Interpol”, subrayó Pinto, que compareció este lunes ante el STJ en Praia en representación de su cliente, detenido en la norteña isla de San Vicente, adonde fue trasladado desde Sal para testificar ante una corte de apelación.
La defensa del empresario colombiano insistió en señalar la supuesta discrepancia entre la fecha del arresto de Álex Saab y la emisión de la alerta roja de Interpol, alegando que el arresto ocurrió el 12 de junio y la alerta roja se emitió al día siguiente.
Los mismos argumentos respaldan, según el letrado, el recurso presentado ante el Tribunal de Apelación en San Vicente contra la detención preventiva decretada por una corte de Sal para Saab.
El Tribunal de Apelaciones validó la semana pasada la detención preventiva del empresario, allanando así el camino para su posible extradición a solicitud de Estados Unidos, pero la defensa interpuso un recurso pendiente de contestación.
Según la ley de Cabo Verde, Estados Unidos tiene 18 días (a partir del 14 de junio, cuando se ordenó la prisión preventiva) para presentar una solicitud de extradición, según detalló hace ocho días a Efe el procurador general de la República, José Landim.
“Cabo Verde -añadió Landim- no tiene un acuerdo bilateral de extradición con Estados Unidos, pero está vinculado a las convenciones de Naciones Unidas que le obligan a cumplir con la solicitud, si se hace”.
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