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Ecuador atraviesa convocantes movilizaciones sociales. Las calles de Quito y otras ciudades del país se han convertido en escenario de enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, en el marco del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Las medidas económicas del presidente Daniel Noboa, son fuertemente cuestionadas por varios sectores del país.
Lo que comenzó como una protesta por la eliminación del subsidio al diésel se ha transformado en un movimiento amplio de rechazo al gobierno del presidente Daniel Noboa, que enfrenta crecientes cuestionamientos por su manejo de la crisis económica, la represión policial y su propuesta de una nueva Asamblea Constituyente.
Este domingo 12 de octubre, día en que tradicionalmente se conmemora la resistencia de los pueblos originarios, cientos de personas se movilizaron en el centro de Quito. La marcha, convocada por organizaciones indígenas, ambientalistas y animalistas, buscaba expresar su oposición al gobierno, pero terminó siendo dispersada por la Policía Nacional con gases lacrimógenos.
La represión comenzó en el sector de Villaflora, cuando los manifestantes intentaban avanzar hacia el parque El Arbolito, punto emblemático de las protestas en la capital ecuatoriana. Las fuerzas del orden justificaron su intervención en la necesidad de “mantener el orden público”, mientras los líderes indígenas denunciaron un “uso desmedido de la fuerza” y una “política guerrerista” por parte del Ejecutivo.
El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, condenó los hechos y responsabilizó directamente al gobierno por los actos de violencia. “El derecho a la protesta es legítimo y está protegido por la Constitución”, afirmó.
Vargas señaló además que “la represión no trae paz, solo profundiza la indignación y fortalece la resistencia del pueblo”, en referencia al amplio descontento social que ya se extiende más allá de las comunidades indígenas. En las pancartas, los manifestantes respondían al discurso oficial que los tildaba de “terroristas” con consignas como “Somos madres, no terroristas” y “El pueblo no se rinde”.
Militarización de la capital ecuatoriana
En los días previos a la manifestación, el gobierno desplegó más de 6.000 militares en Quito con el objetivo de impedir lo que calificó como una posible “toma de Quito”. Las Fuerzas Armadas instalaron retenes en los accesos a la ciudad para bloquear la entrada de camiones con manifestantes provenientes de otras provincias.
Los controles fueron tan estrictos que incluso periodistas denunciaron haber sido impedidos de registrar imágenes en los puntos de control.
El dispositivo de seguridad, reforzado con 5.000 soldados y más de 1.000 policías adicionales, logró contener parcialmente el avance de las columnas de manifestantes que se desplazaban desde el sur y el norte de la capital. Aun así, cientos de personas lograron llegar a los alrededores del parque El Arbolito y la avenida Patria, donde se produjeron enfrentamientos que duraron varias horas. Pasadas las 15:30, la policía retomó el control del área, aunque pequeños grupos permanecieron refugiados en la Casa de la Cultura, rodeada por militares.
El gobierno justifica estas medidas bajo el estado de excepción vigente en la mitad del país, incluida la provincia de Pichincha. El Ejército ha señalado que su presencia busca “precautelar la seguridad” y evitar “el caos, el vandalismo y la destrucción de bienes públicos y privados”. Sin embargo, para las organizaciones sociales, la militarización constituye un intento de silenciar la protesta y criminalizar a los líderes comunitarios.
Imbabura, el corazón del conflicto
La provincia andina de Imbabura, en el norte del país, se ha convertido en uno de los epicentros del paro. En la ciudad de Otavalo, los manifestantes han bloqueado vías y restringido la apertura de comercios, lo que ha generado problemas de abastecimiento de gas doméstico.
Según reportes de la cadena televisiva Ecuavisa, la distribución de bombonas de gas se ha transformado en un instrumento de presión: dirigentes del cabildo Kichwa emiten salvoconductos para el transporte del producto y priorizan la entrega a las comunidades que participan activamente en las protestas.
Los testimonios recogidos por medios locales revelan el impacto cotidiano de la crisis. “Cuando llegan las bombonas, solo se vende a quienes apoyan el paro”, relató un vecino de Otavalo. Mientras tanto, en los barrios urbanos, los habitantes hacen filas de hasta cinco horas para conseguir un cilindro. En las carreteras, el tránsito entre Imbabura y Quito está prácticamente interrumpido. Viajar a la capital puede demorar hasta 16 horas, cuando normalmente el trayecto toma tres.
El analista económico César Barthelotti, citado por la agencia EFE, estimó que las pérdidas provocadas por el paro ascienden ya a unos 140 millones de dólares, con graves consecuencias para sectores clave como el turismo, la floricultura y el comercio. A esto se suman los daños a bienes públicos y la paralización parcial de actividades en varias provincias del país.
Las demandas del movimiento indígena
El detonante del conflicto fue la eliminación del subsidio al diésel, decretada por Noboa el 12 de septiembre. La medida elevó el precio del combustible de 1,80 a 2,80 dólares por galón, afectando especialmente a los agricultores, transportistas y comunidades rurales que dependen del diésel para sus actividades diarias.
Pero con el paso de los días, las demandas del movimiento indígena se ampliaron. La Conaie exige ahora una reducción del impuesto al valor agregado (IVA) del 15% al 12%, mejoras en salud y educación, y el rechazo al referéndum convocado por el presidente para el 16 de noviembre, en el que se consultará sobre la instalación de una Asamblea Constituyente.
El gobierno, por su parte, acusa a los dirigentes indígenas de promover la desestabilización política y de aprovechar las protestas para debilitar al Ejecutivo.
Noboa ha asegurado que “nadie puede venir a tomarse por la fuerza la capital” y ha reiterado su disposición a “aplicar la ley”. Pese a ello, los líderes de la Conaie han anunciado una “radicalización del paro” y amenazan con extender las protestas a más ciudades si no se abren canales de diálogo.
Protestas dejan víctimas y detenidos
Hasta el momento, las protestas dejan un saldo de un manifestante fallecido por presuntos disparos del Ejército, alrededor de 160 heridos entre civiles y fuerzas del orden, y más de 110 detenidos, según cifras oficiales y de organizaciones de derechos humanos.
Entre los arrestados hay al menos una veintena de personas en prisión preventiva acusadas de terrorismo, luego de ataques a estaciones policiales y la quema de vehículos. La Conaie ha rechazado estas imputaciones y asegura que se trata de una estrategia del gobierno para “criminalizar la resistencia”.
Imágenes difundidas en redes sociales muestran a mujeres, jóvenes y personas mayores huyendo de los gases lacrimógenos en las calles de Quito, mientras organizaciones humanitarias alertan sobre el uso excesivo de la fuerza. La Defensoría del Pueblo ha pedido una investigación independiente de los hechos y ha instado al Ejecutivo a garantizar los derechos de los manifestantes.
El peso de la Conaie en la política ecuatoriana
Las protestas indígenas en Ecuador no son un fenómeno nuevo. La Conaie ha desempeñado un papel clave en la historia política del país. Desde los años noventa, sus movilizaciones han logrado derrocar a tres presidentes y han influido en la agenda social y económica.
En 2019, durante el gobierno de Lenín Moreno, un intento similar de eliminar los subsidios a los combustibles desató protestas masivas que paralizaron el país durante casi dos semanas.
La diferencia ahora radica en el contexto. Noboa, el presidente más joven en la historia ecuatoriana, enfrenta simultáneamente una crisis económica, un aumento de la violencia vinculada al narcotráfico y un aumento de la fragmentación política.
Su propuesta de una Asamblea Constituyente pretende, según el gobierno, “modernizar el Estado” y “fortalecer las instituciones”, pero sus críticos la consideran un intento de concentrar poder y desviar la atención de los problemas más urgentes.
Con EFE, AFP y medios locales
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