El 20 de mayo de 2025, entró en vigencia en España el nuevo reglamento de extranjería, que tiene como meta regularizar a cerca de 900.000 personas en los próximos tres años. Esta medida, de acuerdo con el gobierno español, busca adaptar la normativa migratoria a los retos actuales y garantizar la protección de los derechos humanos en consonancia con las directrices europeas, según informó El Tiempo.
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Pese a ello, la reforma ha producido debates y un marcado rechazo desde distintos sectores, principalmente entre quienes abogan por los derechos de los migrantes y refugiados. Muchos de los afectados directos son solicitantes de asilo, buena parte provenientes de América Latina, que ahora encaran nuevas incertidumbres en el proceso de regularización, de acuerdo con el citado medio .
Uno de los puntos más destacados de la reforma es la actualización de la figura del arraigo, que pasa a clasificarse en cinco tipos distintos: social, sociolaboral, socioformativo, de segunda oportunidad y familiar. Además, el tiempo mínimo de permanencia exigido en España para acceder al arraigo se reduce de tres a dos años, lo que representa una flexibilización significativa para los migrantes, según el rotativo.
Cuáles son los aspectos positivos con los cambios para migrantes en España
Pero no todo es malo, también hay cambios positivos, como la creación de un permiso de residencia específico para familiares de ciudadanos españoles, lo que facilita la reunificación familiar al aumentar la edad máxima de los hijos beneficiarios de 21 a 26 años. Las nuevas reglas estipulan que las autorizaciones iniciales de residencia tendrán una duración de un año, mientras que las renovaciones serán válidas por cuatro años, con el propósito de minimizar los casos de personas que caen en la irregularidad debido a retrasos administrativos, de acuerdo con el periódico.
Por otro lado, quienes viajen a España con el objetivo de cursar estudios tendrán una autorización de estancia que cubre toda la duración del programa académico, y se introduce un proceso ágil para transitar de una visa de estudiante a un permiso de trabajo una vez concluidos los estudios, según el citado diario.
No obstante, esta reforma enfrenta críticas significativas. Uno de los aspectos más polémicos es la decisión de que el tiempo pasado como solicitante de asilo no contará para el arraigo. Esto implica que quienes reciban una respuesta negativa a su petición de protección internacional deberán permanecer en situación irregular hasta completar los dos años requeridos para regularizarse, lo que produce riesgo de desprotección, como ocurre en caso de miles de colombianos, según el informe periodístico.
Como una medida transitoria, la normativa reduce durante un año de dos años a seis meses el tiempo de residencia necesario para que los solicitantes de asilo rechazados puedan optar al arraigo. Esta excepción condujo a que algunos potenciales refugiados renunciaran a sus procesos, cayendo en la irregularidad, de acuerdo con el periódico.
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Siete organizaciones sociales han impugnado el reglamento ante el Tribunal Supremo de España, argumentando que puede conducir a miles de personas, incluidos menores, a un limbo jurídico. El Defensor del Pueblo ha alertado sobre posibles consecuencias negativas, especialmente para los niños y adolescentes.
Ante esta situación, el Gobierno español ha considerado modificar su postura sobre una iniciativa legislativa popular para una regularización extraordinaria, respaldada por más de 600.000 firmas y actualmente en negociación en el Parlamento.
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