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Nueva Orleans se convirtió en el objetivo más reciente de Donald Trump en su política de mano dura contra los flujos migratorios en Estados Unidos.
Este miércoles 3 de diciembre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) lanzó la operación bautizada ‘Catahoula Crunch’ en esta ciudad del estado de Louisiana, que busca detener migrantes con historial criminal. Así lo anunció el DHS en un comunicado que mostraba imágenes de presuntos nacionales de México, Honduras, Guatemala, El Salvador, Jordania y Vietnam, que supuestamente quedaron libres por las “políticas santuario”.
De acuerdo a un funcionario estadounidense citado por AP, hay más de 200 funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) trabajando en la ‘Catahoula Crunch’. Según la misma información, el objetivo es realizar el mayor número posible de arrestos en al menos 60 días.
Louisiana, un estado gobernado por el estrecho aliado de Trump y también republicano, Jeff Landry, se ha estado preparando durante semanas para una ofensiva contra la migración.
Por ello, Landry, que ha buscado alinear la política local de su estado con la agenda de la actual Administración, aseguró este miércoles que la ofensiva se centrará en “los peores de los peores, los inmigrantes ilegales delincuentes que han infringido la ley”.
“Comenzó hoy y continuará hasta que los saquemos a todos de la calle”, añadió el gobernador republicano durante una entrevista con un programa de radio local.
Agregó también que espera que miembros de la Guardia Nacional lleguen a Nueva Orleans antes de la Navidad para unirse a los esfuerzos antiinmigración. A propósito, Trump dijo el martes que cumplirá esa petición de Landry, quien le pidió “combatir el crimen”.
“El gobernador Landry, un gran tipo, un gran gobernador, él ha pedido ayuda para Nueva Orleans y vamos a ir ahí en un par de semanas”, anunció el jefe de la Casa Blanca.
Crece el rechazo a las redadas migratorias
El despliegue de este miércoles ha sacudido a Louisiana, un estado con cerca de 223.000 migrantes, de los cuales casi uno de cada cinco son de Honduras, mientras que cerca de la octava parte son de México, de acuerdo a cifras del American Immigration Council.
En respuesta, restaurantes y negocios latinos han anunciado cierres en sus redes sociales por el temor de que sus trabajadores o clientes resulten detenidos en las redadas, al tiempo que crecen los cuestionamientos por parte de grupos defensores de derechos humanos y activistas sobre si los agentes realmente se están enfocando en personas con antecedentes penales.
Todd Schulte, presidente de la organización FWD, comentó en X: “Estoy profundamente enojado porque amigos, socios y todos en Nueva Orleans verán de cerca cómo esta crueldad y caos se impone en personas que merecen dignidad y, en muchos casos, simplemente un proceso para ajustar su estatus. Hay una mejor manera”.
La cruzada anti-inmigración en Nueva Orleans también pone en relieve los crecientes operativos del Gobierno Trump en ciudades gobernadas por demócratas, como la actual alcaldesa de Nueva Orleans, LaToya Cantrell, quien el próximo año cederá el cargo a Helena Moreno, originaria de México y quien ya expresó su “preocupación” en el pasado por redadas como la actual.
Así las cosas, esos despliegues buscan replicar lo ocurrido en junio en Los Ángeles y en septiembre en Chicago, ciudades en donde el rechazo ciudadano se tomó las calles.
‘Ciudades santuario’, en la mira de la Administración Trump
El oficialismo estadounidense deja clara una de sus principales motivaciones con estos operativos: contrarrestar la autoridad de las denominadas ‘ciudades santuario’, jurisdicciones que limitan su cooperación con autoridades federales para proteger a los migrantes que estén en sus territorios.
Así lo confirman las declaraciones como las de Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, quien sentenció que “las políticas santuario ponen en peligro a las comunidades estadounidenses al liberar a extranjeros criminales y forzar a los agentes del DHS a arriesgar sus vidas para remover a extranjeros criminales ilegales a los que nunca debieron haber vuelto a soltar a las calles”.
Una postura que replican otros funcionarios de la Administración, como la fiscal general Pam Bondi, quien ha acusado a Nueva Orleans de socavar la aplicación de las leyes federales de inmigración. Por ende, el Departamento de Justicia incluye a esta ciudad, la más grande del estado de Louisiana, en una lista de 18 jurisdicciones que, según considera, brindan refugio a migrantes sin un estatus legal.
En contraste, las autoridades de la ciudad en cuestión niegan que sus políticas obstaculicen la aplicación de la ley migratoria federal. Por su parte, Anne Kirkpatrick, jefa de Policía de Nueva Orleans, ha dicho que considera que la aplicación de la ley migratoria es un asunto civil fuera de su jurisdicción.
Con Reuters, EFE y AP
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