Para el organismo acusador de México, Enrique Peña Nieto jugó un papel central en el caso Odebrecht, informaron este jueves medios locales.

De acuerdo con información publicada por los periódicos mexicanos El Universal y Reforma, basada en una presunta solicitud de orden de aprehensión contra Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda y Exteriores de México, que fue devuelta, la Fiscalía General de la República (FGR) considera que Peña Nieto cometió los ilícitos utilizando a Videgaray y también a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex.

Ambos rotativos señalaron que, en la solicitud, la Fiscalía consideró que el expresidente mexicano fue “autor mediato” de los delitos mencionados y los de carácter electoral.

Además, acusó que Peña Nieto se “apartó del Estado de derecho” y utilizó el cargo para el que fue electo con el fin de delinquir”.

El organismo dijo que, con su actuar ilícito, Peña Nieto no solo obtuvo beneficio personal, sino que procuró “también el beneficio de la empresa Odebrecht, que los había ya hecho objeto de cohecho, traicionando a la patria con su mal desempeño”.

Según los diarios, la Fiscalía señaló que Peña Nieto contó con “su propio aparato de poder criminal”, a partir del cual implementó una estrategia de cooptación de legisladores para la aprobación de las reformas estructurales en materia energética y mediante la obtención de dinero, principalmente de la multinacional corruptora brasileña Odebrecht, que sirvió para el pago de sobornos a diputados y senadores.

Peña Nieto jugó un papel central en la comisión de los delitos de cohecho, traición a la patria y delito electoral, lo cual puede asumirse sobre la base de proposiciones empíricas”, indicó la Fiscalía.

¿En qué teoría se basa la Fiscalía para acusar a Enrique Peña Nieto?

El Universal apuntó que la FGR basa la probable intervención de Peña Nieto, como autor mediato, en la llamada “teoría del control o dominio de la voluntad por medio de un aparato de poder organizado”.

Según la teoría, el hombre de atrás (Peña Nieto) dominó la voluntad de los autores directos de los sobornos en el caso Odebrecht —Videgaray y Lozoya— mediante un aparato de poder organizado, “que en el caso concreto lo era el Gobierno federal”.

En tanto, Reforma dijo que, a instancias de Peña Nieto, Videgaray “distribuyó de manera espontánea y por interpuesta persona” 121 millones 500.000 pesos (unos 5,9 millones de dólares) a legisladores del conservador Partido Acción Nacional (PAN).

Indicó que el delito de cohecho se configuró con las entregas en efectivo a los políticos del PAN y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), mientras que la traición a la patria habría ocurrido al impulsar las reformas estructurales para otorgar beneficios a empresas extranjeras como Odebrecht.

Y aunque la solicitud de orden de aprehensión se centra únicamente en Videgaray como “autor material” de los actos criminales, la Fiscalía de México dejó en claro que Peña Nieto fue el orquestador y promovente de las acciones delictivas.

El pasado 3 de noviembre, el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que la FGR pidió una orden de arresto por el caso Odebrecht contra Luis Videgaray.

Sin embargo, por la tarde de ese día, la Fiscalía emitió un comunicado donde aseguraba que el Ministerio Público federal no había recibido de un juez de control “ningún rechazo a petición de orden de aprehensión en contra de Luis ‘V'”.

Según medios locales, la FGR busca imputar a Videgaray por el caso Odebrecht y lo acusaría de traición a la patria, por presuntamente operar en el financiamiento ilegal de campañas del PRI por parte de la empresa brasileña.

Estas imputaciones derivan de la detención en febrero del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) del 2012 al 2016 Emilio Lozoya, extraditado desde España a México a mediados de julio.

En calidad de testigo colaborador, Lozoya denunció ante la Fiscalía al expresidente Peña Nieto y a Videgaray.

Los acusó de “ordenarle” recibir 10,5 millones de dólares de Odebrecht para la campaña electoral y para sobornar legisladores del PAN en favor de la reforma energética que abrió el sector a la inversión privada en 2013.

Pero Lozoya también apuntó al sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) por presuntos privilegios para la petroquímica Etileno XXI, vinculada con una compañía mexicana socia de Odebrecht.