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La demanda judicial que hizo posible su liberación el 6 de febrero la identifica como Amalia. Tiene solo un año y medio y hasta ese día llevaba casi dos meses retenida en un centro para migrantes de ICE en Texas. Allí estuvo a punto de morir, según la abogada que la representa.
Amalia, una ciudadana mexicana, hija de venezolanos, fue recluida junto a sus padres el 11 de diciembre en el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, en Texas, en medio de la arremetida del Gobierno de Donald Trump por concretar la deportación masiva más grande de la historia.
Mientras se encontraba allí, la pequeña se enfermó el 1 de enero, con fiebres por encima de los 40 grados Celsius, vómitos y dificultad para respirar.
Sin embargo, no fue hasta el 18 cuando fue trasladada a un centro hospitalario, con un diagnóstico de Covid-19 que desplomó sus niveles de saturación de oxígeno, virus respiratorio sincicial, bronquitis vira y neumonía.
Allí permaneció internada durante 10 días. Cuando fue devuelta a Dilley, uno de los dos centros de detención familiares que funcionan en medio de la ofensiva antinmigración de Estados Unidos, había perdido el 10% de su peso corporal.
A pesar de la gravedad del cuadro, el personal del centro no le permitió ingresar ni el nebulizador, ni los medicamentos respiratorios, ni las bebidas nutricionales indicadas en el hospital para reponer el peso, de acuerdo con la abogada de la familia, Elora Mukherjee.
Para colmo, cuando regresó a Dilley, ya estaba en marcha el brote de sarampión que obligó al confinamiento de varios grupos de migrantes en una instalación donde hay 1.400 personas detenidas, de las cuales 400 son menores de edad.
“La pequeña Amalia nunca debería haber sido detenida. Casi muere en Dilley”, denuncia Mukherjee, un señalamiento que también consta en la demanda que introdujo para conseguir su liberación.
¿Detenidos en condiciones ideales?
Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHC), del que depende el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), negó que se le hubiera negado tratamiento médico a la pequeña.
En un comunicado, aseguró que Amalia recibió atención pediátrica apenas comenzó a manifestar síntomas y que solo regresó a Dilley cuando el hospital donde permaneció internada expidió el alta médica.
También aseguró que a su regreso fue mantenida en una unidad médica y que tuvo a disposición el tratamiento y los medicamentos recetados.
“Es una práctica de larga data proporcionar atención médica integral desde el momento en que un extranjero entra bajo custodia de ICE. Esto incluye examen general, dental y de salud mental en el plazo de 12 horas tras su llegada a cada centro de detención”, afirmó McLaughlin en el boletín.
Además, agregó que a los detenidos se les practica “una evaluación completa de salud en los 14 días siguientes a su entrada bajo custodia o llegada a ICE, y acceso a citas médicas y atención de emergencia las 24 horas”.
Días antes, cuando fue consultada por el brote de sarampión en el centro de detención de Dilley, McLaughlin había asegurado que ICE proporciona la que probablemente sea “la mejor atención sanitaria que estos extranjeros hayan recibido en toda su vida”.
Pero la abogada Mukherjee afirma que no es así, y que centenares de familias con niños recluidas en Dilley no cuentan con agua potable, alimentación saludable, oportunidades educativas o atención médica adecuada, y deberían ser liberadas.
Niños: la cuenta sube
Amalia y sus padres, que llegaron a Estados Unidos en 2024 y tienen previsto presentar una solicitud de asilo, salieron del Dilley el 6 de febrero, pero eso no significa que su situación se haya resuelto.
Liam Conejo Ramos, el niño de cinco años detenido por ICE en Minneapolis cuando regresaba del preescolar junto a su padre, fue liberado por órdenes de un juez el 31 de enero, pero todavía enfrenta la perspectiva de la deportación.
Según un informe del Proyecto de Datos de Deportación, una plataforma que documenta los registros oficiales de organismos migratorios, entre enero y octubre de 2025 fueron puestos en detención familiar 3800 menores, entre ellos bebés de uno o dos años.
La mayoría de ellos (2600 niños) fueron arrestados en medio de redadas y no en la frontera, una práctica que defensores de los derechos de los menores y de los inmigrantes en general cuestionan.
“Esto no es gente llegando a la frontera en este momento. Son personas arrestadas que viven en Estados Unidos, que tienen permiso para vivir en Estados Unidos. Ahora están empezando a volver a entrevistar a personas con estatus de refugiado. Ya no hay ningún estatus que proteja a las personas”, describió Becky Wolozin, abogada del Centro Nacional de Derecho Juvenil, en declaraciones a ‘The Guardian’.
Con Reuters y medios locales
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