Un juez federal del estado de Tennessee, en Estados Unidos, aprobó un acuerdo para compensar a un grupo de migrantes que fueron detenidos en una procesadora de carne en 2018 por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

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Los grupos demandantes fueron Southern Poverty Law Center y National Immigration Law Center, quienes argumentaron que los agentes federales violaron los derechos civiles de los detenidos, se usó la fuerza excesiva y se capturaron únicamente por su grupo étnico. Esto último teniendo en cuenta que las autoridades les pidieron papeles hasta horas después de la detención.

La redada del 5 de abril de 2018 fue una de las más grandes que se haya registrado en el país, de una magnitud que no se había visto en la última década. La llevaron a cabo agentes de ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Servicio de Rentas Internas (IRS), la Patrulla de Caminos de Tennessee y el Departamento de Policía de la ciudad de Morristown, del condado de Hamblen, según la agencia de noticias Efe.

Las autoridades federales obtuvieron una orden de allanamiento bajo la sospecha de que James Brantley, el dueño de la empacadora de carne Southeastern Provisions, estaba incurriendo en delitos financieros al pagar a sus empleados en efectivo y sin reportarlo al Internal Revenue Service (IRS).

Cada individuo involucrado en esta redada recibirá un valor de 550.000 dólares, más una carta de la ICE que podrá utilizar en su proceso de beneficios migratorios, mientras que el resto del monto se utilizará en cuotas legales y daños a otros migrantes.

“Casi cinco años después de la redada que destrozó familias enteras, la aprobación final del acuerdo por esta demanda colectiva es un hito en la lucha por la justicia”, afirmó Michelle Lapointe, subdirectora legal de Southern Poverty Law Center.

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Cabe destacar que en esa operación fueron detenidos casi un centenar de personas y muchos de ellos fueron deportados de inmediato de los Estados Unidos, separándolos de sus hijos y familiares más cercanos.