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El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, analiza introducir un impuesto al patrimonio financiero, excluyendo los activos empresariales, como una forma de apuntalar el proyecto de ley de presupuesto de 2026. En esta iniciativa no cuenta ni con el apoyo de la izquierda, que califica sus medidas de “insuficientes”, ni con el artículo 49.3 de la Constitución, que le permite gobernar sin el Parlamento, porque él mismo decidió este 3 de octubre renunciar a esa opción.
El centrista Sébastien Lecornu podría apelar a un impuesto sobre el patrimonio financiero, que excluiría los activos empresariales, como una forma de sacar adelante el presupuesto de 2026, de acuerdo con lo que le confirmaron dos fuentes cercanas a su Gobierno a la agencia de noticias Reuters.
Como cada día de los últimos 16 meses, el primer ministro francés camina sobre la cuerda floja. Al igual que los defenestrados Michel Barnier y François Bayrou, ahora es Lecornu quien tiene la cuestión de confianza como espada de Damocles, mientras intenta sacar adelante el presupuesto en medio de protestas y oposición.
De acuerdo con una versión que ya había adelantado el diario ‘Le Parisien’, y que fue confirmada por fuentes que hablaron con Reuters bajo condición de anonimato, el nuevo tributo estuvo incluido entre las propuestas que Lecornu discutió este viernes 3 de octubre con representantes de la izquierda.
Por esa vía, el primer ministro intenta equilibrar un presupuesto que ya está siendo combatido activamente en las calles, con multitudinarias protestas que cuestionan los recortes y demandan justicia fiscal.
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La izquierda sigue descontenta
El nuevo impuesto pareció no generar simpatía entre los interlocutores de la izquierda con los que Lecornu se reunió este 3 de octubre en busca de consenso. Olivier Faure, líder del Partido Socialista, aseguró a la salida del encuentro entre ambos que las reformas propuestas para el sistema tributario eran “insuficientes”.
Sin precisar si se había discutido sobre la propuesta del impuesto al patrimonio, Faure calificó de “alarmante” el borrador presentado por Lecornu y mantuvo la postura de la llamada tasa Zucman, un tributo a la riqueza defendido por los sectores progresistas.
Mediante esta medida, diseñada por el economista francés Gabriel Zucman, se gravarían con 2% las fortunas superiores a los 100 millones de euros anuales (117 millones de dólares). La tasa solo afectaría al 0,01% de los contribuyentes (1800 hogares fiscales) y según sus promotores permitiría recaudar 20.000 millones de euros (23.500 millones de dólares) cada año.
“No estamos satisfechos, mantenemos nuestras exigencias (…) Le damos unas horas más para que reflexione sobre ellas y nos responda en el discurso de política general”, sostuvo Faure, que estuvo dos horas reunido con Lecurnu.
Además de la tasa Zucman, los socialistas demandan reabrir el debate sobre la polémica reforma pensional, que eleva a 64 años la edad de jubilación y se aprobó por vía del artículo 49.3 de la Constitución, sin someterla al escrutinio de la Asamblea Nacional.
La derecha tampoco salió contenta de la jornada de intercambio y la líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, aseguró que Lecornu no había dado respuestas satisfactorias a sus demandas de “reducir el gasto ligado a la inmigración, bajar la presión fiscal sobre las clases medias, combatir los fraudes o reducir la contribución a la Unión Europea“.
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Sin la opción de la vía rápida
Con el Partido Socialista dispuesto a votar a favor de una moción de censura, la derecha atrincherada en sus demandas y la Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon negada a atender la convocatoria de Lecornu, las posiciones parecen irreconciliables para avanzar en el presupuesto.
Eso marca un panorama particularmente sombrío para el primer ministro, que este 3 de octubre anunció su compromiso a no acudir a la vía rápida, el artículo 49.3 de la Constitución, para aprobar su ley de presupuesto, como lo hizo su predecesor Bayrou con el plan de gastos de 2025.
“Cada legislador debe ser capaz de tener poder, debe poder tener responsabilidad (…) El Gobierno tendrá que cambiar su método, construir compromisos en el marco del debate parlamentario”, aseveró Lecornu.
Las áreas en las que deben alcanzarse esos compromisos abarcan desde el mejoramiento de las pensiones para las mujeres hasta justicia fiscal, pasando por elevar el poder adquisitivo y abordar el problema de la inmigración, según la expectativa de Lecornu.
Tanto Faure como Le Pen encomiaron la decisión del primer ministro, que la ultraderechista calificó como “más respetuosa con la democracia”, pero el líder izquierdista espera que Lecornu se ponga “bajo la tutela del parlamento de la A a la Z”, y no solo para aprobar el presupuesto.
Pero el recién designado en Matignon está atado de manos por las condiciones en las que no está dispuesto a ceder el bloque macronista: proteger los equilibrios financieros derivados de la reforma pensional, reducir el gasto público y evitar las medidas fiscales que comprometan la competitividad de Francia.
Esos “puntos de honor” son precisamente los que combaten las muy concurridas manifestaciones que han recorrido el país las últimas semanas, la última de ellas este 1 de octubre.
Lecornu tiene pendiente formar gobierno en los próximos días, porque el compromiso es hacerlo antes de que comiencen los debates parlamentarios. Si el gabinete resultante llega a instalarse o no, parece tan incierto como todo el terreno que ha pisado Francia desde que el presidente Emmanuel Macron decidió disolver el parlamento en junio de 2024.
Con Reuters, EFE y AP
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