Al dar razón a la apelación de Juan Guaidó, el máximo tribunal británico alejó del régimen de Nicolás Maduro 31 toneladas de oro, por un valor de cerca de 1.000 millones de dólares, que están guardadas en el Banco de Inglaterra.
“[Maduro] No podrá saquearlo”, celebró en Twitter el líder opositor, y añadió que “el oro de las reservas internacionales continuará protegido en el Banco de Inglaterra”.
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El régimen de Venezuela, en tanto, rechazó lo que consideró un pronunciamiento “desconcertante” y una “acción abusiva”.
La “decisión violenta las normas del derecho internacional público, del orden constitucional venezolano y de la legislación británica, al tiempo que representa graves riesgos para las inversiones que la comunidad internacional ha confiado en el sistema financiero del Reino Unido, siendo que éste recurre a fraudes para apoderarse ilícitamente de los recursos que le fueren confiados”, indicó un comunicado de la cancillería venezolana.
Tras juzgar que los tribunales británicos no pueden contradecir al ejecutivo, que considera a Guaidó como mandatario interino, “queda saber si los fallos emitidos por el Tribunal Supremo de Venezuela pueden ser reconocidos aquí“.
El caso es reenviado al Tribunal de Comercio, afirmó la alta corte en un comunicado.
De todos modos, aseguró que “los tribunales británicos se negarán a reconocer cualquier veredicto de una jurisdicción extranjera, como los de la Corte Suprema de Venezuela, si entran en conflicto con nuestra política nacional”, que incluye reconocer a Guaidó como presidente.
Ambas partes designaron comités de gestión del Banco Central de Venezuela (BCV), “que han dado instrucciones divergentes sobre las reservas internacionales del país” depositadas en el Banco de Inglaterra.
En 2020, el BCV recurrió a la justicia británica, que inicialmente falló a favor de Guaidó, pero el tribunal de apelaciones anuló la sentencia y el bando del opositor decidió llevar el caso ante el Tribunal Supremo.
Los abogados de Maduro argumentan que el Reino Unido reconoce efectivamente su presidencia, en particular en las relaciones diplomáticas. Según ellos, la venta del metal precioso al régimen podría, entre otras cosas, ayudar a financiar la lucha contra el COVID-19.
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De acuerdo con los datos oficiales, Venezuela, de 30 millones de habitantes, registró 440.000 contagios y más de 5.000 muertos de coronavirus. Tanto la oposición como algunas ONG acusan al poder de falsear las estadísticas.
“Esta acción abusiva, expresada en la decisión judicial del día de hoy, ha puesto trabas a la ejecución de recursos para cubrir contingencias en el marco de la peor pandemia que ha conocido la humanidad“, añade el comunicado de la cancillería.
Guaidó asegura, en cambio, que el dinero serviría para reprimir el pueblo o llenaría los bolsillos de una “cleptocracia”.
Maduro, ¿presidente de facto?
“Esperamos con impaciencia la oportunidad de demostrar que las decisiones de la justicia venezolana sobre las que se apoya el bando de Maduro no merecen ser retenidas por un tribunal británico, porque no son emitidas por un sistema judicial independiente”, afirmó este lunes Jane Wessel, abogado del gabinete Arnold & Porter, que defiende los intereses de Guaidó.
De su lado, Sarosh Zaiwalla, abogado del gabinete Zaiwalla, que defiende al bando de Maduro, indicó que “reconocer a Guaidó como presidente es un insulto a la realidad“.
Para demostrar su buena fe, ante las acusaciones de malversación formuladas por el equipo de Guaidó, el BCV había propuesto en abril que el oro se transfiriera directamente al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El organismo dijo que estaba dispuesto a considerarlo bajo condiciones.
La situación es ambigua: como Estados Unidos, Londres no reconoce la legitimidad del nuevo parlamento y reitera su apoyo a Guaidó, que no tiene poder en el país. Pero, al mismo tiempo, el Reino Unido mantiene una embajada en Caracas, aunque con relaciones diplomáticas reducidas.
De hecho, en octubre de 2020, el tribunal de apelaciones tomó en cuenta estos argumentos y dictaminó que una declaración política no equivalía a una decisión gubernamental.
Según el tribunal, el ejecutivo de Boris Johnson podía reconocer “de facto” el poder de Maduro, con cuya administración sigue manteniendo relaciones diplomáticas.
Si la justicia británica falla finalmente a favor de la dirección del BCV designada por Guaidó, sentaría un precedente que la oposición, que sufrió una aplastante derrota en las elecciones regionales de noviembre, espera utilizar para recuperar los activos venezolanos depositados en otros bancos europeos.
En Estados Unidos, la gestión de los activos del país rico en petróleo ha sido confiada a Guaidó.
El régimen de Maduro, por su parte, señaló que ante este “intento de despojo burdo”, Venezuela “seguirá ejerciendo todos los recursos a su alcance en la defensa del patrimonio que forma parte de sus reservas internacionales”.
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