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El intento del expresidente peruano, Martín Vizcarra, por anular las actuaciones en un juicio por aceptar comisiones cuando era gobernador de Moquegua fracasó. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró infundado el recurso de casación introducido por Vizcarra, cuya defensa argumentaba que se le estaban siguiendo dos procesos distintos por el mismo delito. Ahora deberá esperar a la primera decisión, prevista para el próximo mes.
El juicio por sobornos contra el expresidente peruano Martín Vizcarra seguirá su curso, luego de que la Corte Suprema de su país desestimara un recurso presentado por la defensa, que pretendía anular las actuaciones realizadas desde el comienzo del proceso, aduciendo que estaba siendo sometido a dos juicios distintos por el mismo delito.
Vizcarra está siendo procesado por haber recibido más de dos millones de soles (590.000 dólares) de las empresas constructoras Obrainsa e ICCGSA, a cambio de manipular el resultado de dos licitaciones para obras de un proyecto agrícola en Lomas de Ilo y de un hospital en Moquegua, cuando era gobernador de ese departamento.
Por esa presunta irregularidad responde a un juicio por cohecho pasivo propio ante el Juzgado Cuarto Colegiado, presidido por la jueza Fernanda Ayasta, que ya está en su etapa decisiva, con los alegatos finales previstos para el 13 de noviembre, y otro por colusión, que está en la fase final del control de acusación, cuando el juez decide si cumple o no con los requisitos para pasar a juicio.
Ya Vizcarra había sufrido un primer revés legal en septiembre, cuando el juez Víctor Alcocer del Juzgado Quinto de Investigación rechazó una solicitud de sobreseimiento de la causa por colusión.
Lo que buscaba el recurso de Vizcarra
La defensa de Vizcarra pretendía que el proceso por cohecho retrocediera hasta antes del inicio de la etapa de juzgamiento, lo que significaba anular todo lo actuado durante el juicio público desde octubre de 2024, incluyendo declaraciones de testigos y admisión de evidencias.
El propósito de la casación era esperar que el fiscal German Juárez presentara formalmente la acusación por colusión, con el fin de que los dos juicios avanzaran simultáneamente.
Sin embargo, la Corte Suprema desestimó los alegatos de supuestos errores de trámite cometidos por el tribunal a cargo de Fernanda Ayasta, a quien Vizcarra había señalado de “fragmentar” la acusación.
Lo hizo argumentando que el Código Procesal Penal no permite plantear en fase de enjuiciamiento alegatos que debían haberse presentado en la fase de acusación.
La Sala Penal Permanente del máximo tribunal del país evitó pronunciarse sobre si se vulneró o no la legalidad con el trámite paralelo por cohecho y colusión, para no adelantar opinión y evitar de esa forma inhabilitarse para una eventual apelación una vez que haya decisión en el caso.
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Carrera política en suspenso
La decisión en la acusación por cohecho se espera para una semana después de presentarse los alegatos finales, o a más tardar para finales de noviembre. Vizcarra, que se expone a una pena de hasta 15 años de prisión si es declarado culpable, reiteró su confianza en que logrará demostrar su inocencia, a pesar de este nuevo revés judicial.
El expresidente ha sido inhabilitado por el Congreso para ejercer cargos públicos, pero mantiene una elevada popularidad y su nuevo partido, Perú Primero, es uno de los favoritos en las elecciones presidenciales previstas para 2026.
Vizcarra ha delegado en su hermano Mario una eventual postulación y ha conducido una intensa campaña, que lo ha llevado a realizar giras por todo el país, y que mantiene a su precandidato de segundo en las encuestas, empatado con Keiko Fujimori, y solo superado por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.
Esta actividad llevó a que la Fiscalía solicitara su detención preventiva hasta que concluyera el juicio, alegando riesgo de fuga, una petición que fue aceptada en agosto.
En ese momento comenzó un peregrinaje entre el penal de Barbadillo, conocido como la “prisión de los expresidentes” (porque allí están recluidos Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo) y la cárcel común Ancón II, hasta que un tribunal de apelaciones determinó que podía atender al resto del proceso en libertad.
La familia de Vizcarra acusó en ese momento a la hoy destituida presidenta Dina Boluarte de orquestar una “persecución política” contra él, y de buscar “humillarlo” con la reclusión en Barbadillo.
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Con EFE y medios locales
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