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Por Sara Saidi
“¿Puede decirme qué significa ‘Moharebeh’? No sé lo que significa…”, pregunta Shervin Bagherian, un adolescente de 18 años llevado ante un tribunal revolucionario que acaba de juzgarlo por participar en las manifestaciones contra el régimen. Con voz temblorosa, según un video publicado en las redes sociales, pregunta cuál es la sentencia del tribunal por este cargo. “La pena capital”, le responden. En Irán, la guerra contra Dios —Moharebeh— se castiga con la pena de muerte. Detenido durante las manifestaciones de enero de 2026, el joven originario de Isfahán fue obligado a confesar y su familia está siendo presionada por las autoridades.
Tras la represión sin precedentes de las manifestaciones, que ya se han cobrado más de 30.000 muertos en dos días según el recuento de una red de médicos iraníes, la República Islámica ha iniciado una auténtica caza de brujas. La ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA) ha contabilizado más de 50.000 detenciones, incluidos allanamientos en los domicilios de los manifestantes. Algunos de ellos se ven obligados a confesar en directo en la televisión estatal nacional. Es el caso, por ejemplo, de Shayan Shekibaei, de 29 años, detenido en Kerman, en el sureste de Irán, el 7 de enero de 2026 y acusado de ser uno de los líderes de las protestas. O el de Abolfazl Salehi, de 20 años, acusado de incendiar una comisaría de policía en la ciudad de Mashhad, en el noreste del país, durante las manifestaciones.
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En otro video difundido en las redes sociales, una joven también se confiesa culpable ante el jefe del poder judicial iraní, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, y admite haber lanzado bloques [de cemento, nota del editor] a las fuerzas del orden: “No sé por qué lo hice”, declara la joven entre lágrimas. Al 30 de enero de 2026, HRANA había contabilizado 289 casos de confesiones forzadas. Las ONG de DDHH Hengaw y Amnistía Internacional están preocupadas por el riesgo de juicios injustos y penas severas, en particular la pena de muerte, a las que se enfrentan especialmente estos detenidos.
316 ejecuciones en enero de 2026
El régimen no oculta su voluntad de reprimir el movimiento de protesta. Ali Saheli, fiscal de Teherán, afirmó que la respuesta del poder judicial a los manifestantes sería “decisiva, disuasoria y rápida”. El 13 de enero, el periódico Ettela’at, cercano al poder, escribía que, según las fuerzas del orden: “hasta el momento se ha detenido a 3.000 miembros de grupos terroristas implicados en los disturbios” y, al día siguiente, el jefe del poder judicial iraní, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, pidió que se condenara a muerte por “guerra contra Dios” a todos los “alborotadores y saboteadores” detenidos durante las manifestaciones.
El Centro Abdorrahman Boroumand para los Derechos Humanos en Irán ha documentado un total de 316 ejecuciones en enero y 21 en lo que va de febrero. La ONG precisa que “el número de ejecuciones es probablemente mayor, dado que las autoridades han restringido seriamente el flujo de información desde Irán”.
Shiva Mahbobi, portavoz de la campaña para la liberación de los presos políticos iraníes, denuncia esta falta de transparencia y alerta sobre sus consecuencias: “Las familias no tienen información ni derecho a visitarlos. Ni siquiera saben dónde se encuentran sus seres queridos y los que tienen noticias no saben realmente de qué se les acusa. No hay nada claro. (…) Para algunos, esta vez ni siquiera habrá juicio. (…) Se teme una ola de ejecuciones masivas en las cárceles”, afirma.
Mientras tanto, en las redes sociales, este miércoles 4 de febrero se alzan voces para alertar sobre la suerte de Amirhossein Ghaderzadeh, de 19 años, detenido en Rasht (norte de Irán) y condenado a muerte por “traición”, y sobre la de Massoud Babaei en Shirvan (noreste de Irán), también acusado de ser uno de los “líderes” de las protestas.
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