El gobierno italiano está realizando una reapertura gradual de las actividades, que comenzará el 4 de mayo, y se espera prosiga por el momento la prohibición de celebrar misas.

Conte anunció la noche del domingo cómo será la gradual y lenta desescalada en el país que comenzará el 4 de mayo con la apertura de alguna actividades y posibles salidas a visitar a parientes, así como la celebración de funerales, con solo la presencia de 15 personas.

Padre Juan Pablo Galvis

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Pero siguiendo los consejos del comité técnico-científico que se ha encargado de elaborar el plan de desescalada, en un momento en el que aunque la curva de contagios parece bajar aún se registran más de 2.000 diarios, se decidió que no era seguro permitir las ceremonias religiosas.

“Los obispos italianos no pueden aceptar ver comprometido el ejercicio de la libertad de culto. Debería estar claro para todos que el compromiso de servir a los pobres, tan importante en esta emergencia, proviene de una fe que debe poder alimentarse de sus fuentes, en particular de la vida sacramental”, publicó tras la rueda de prensa de Conte, la Conferencia Episcopal Italiana.

LA CEI añadió que “la Iglesia aceptó, con sufrimiento y un sentido de responsabilidad, las limitaciones gubernamentales asumidas para afrontar la emergencia de salud”, pero ahora, “cuando se reducen las limitaciones asumidas para enfrentar la pandemia, la Iglesia exige poder reanudar su acción pastoral”.

“Se recuerda a la Presidencia del Consejo y al Comité Técnico Científico el deber de distinguir entre su responsabilidad, dando indicaciones precisas de carácter sanitario, y la de la Iglesia, llamada a organizar la vida de la comunidad cristiana, de conformidad con las medidas preparadas, pero en la plenitud de su autonomía “, concluye el episcopado italiano.

Sacerdote en misa.

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La decisión de no permitir las misas no sólo ha provocado el enfado de la CEI que nunca había atacado así al Gobierno de Conte sino que también han surgido divergencias en el seno del propio Ejecutivo.

Las dos ministras que pertenecen al partido Italia Viva de Matteo Renzi, la de Igualdad de oportunidades y Familia, Elena Bonetti, y de Agricultura, Teresa Bellanova, rechazaron lo que consideraron una “decisión incomprensible”.