“Nos desvinculamos de este caso por razones personales y ordenamos su devolución al decano de este tribunal”, dijo el juez Mathieu Chanlatte en una carta dirigida al tribunal de primera instancia de Puerto Príncipe.
La rapidez con la que el magistrado abandonó este caso, epicentro de la atención nacional, no sorprende a algunos profesionales de la justicia, que no ocultan el peligro de la misión.
“Yo dije que sería difícil para el juez Chanlatte: sigue teniendo el mismo coche, no tiene otros agentes de seguridad adscritos a su servicio“, advirtió a la AFP el juez Jean Wilner Morin, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de Haití, en un momento en que el país está asolado por la violencia de grupos armados.
“Las bandas armadas están en las inmediaciones del tribunal de primera instancia de Puerto Príncipe, por lo que es muy difícil que cualquier magistrado pueda llevar a cabo este caso”, añadió Morin.
En la investigación sobre el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moise, el 7 de julio en su domicilio, la policía haitiana dice haber detenido ya a 44 personas, entre ellas 12 policías haitianos, 18 colombianos y dos estadounidenses de origen haitiano.
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La renuncia de Chanlatte se presenta precisamente cuando los interrogantes sobre el asesinato aumentan en el país: ¿quiénes son los autores? ¿cuál fue el motivo de este ataque en el que la primera dama resultó herida de bala, pero ningún agente de la seguridad del jefe de Estado fue lesionado?
También ocurre después de que los jueces de esa nación caribeña se negaran a investigar la muerte de Moïse, preocupados efectivamente por su seguridad personas y la de sus familias.
“Es necesario que todos los actores implicados acepten que se arroje luz sobre el asunto: cuando un magistrado no dispone de los medios necesarios para tratar un caso así, se está bloqueando el caso (…) Cuando el tribunal donde se encuentra la oficina del magistrado no es seguro y los documentos pueden ser robados, se está bloqueando el caso”, dijo Jean Wilner Morin.
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