Los haitianos siguen sin saber quién mató al presidente Jovenel Moïse, mientras que la investigación del magnicidio está en un punto muerto, según diversos sectores de la vida nacional y varios implicados en el proceso, que es objeto de innumerables críticas.
Bernard Saint-Vil, decano de la suprema corte de Haití, lucha por encontrar un juez dispuesto a asumir el caso. Para tranquilizar a sus magistrados, el togado afirmó haber exigido al gobierno que garantice la protección del encargado de las indagaciones.
“Es un asunto delicado y político. El juez antes de aceptar investigar el asunto piensa en su seguridad y la de su familia. Por eso los magistrados instructores no están demasiado entusiasmados con la idea de aceptar el caso”, precisó.
La policía, por su parte, señaló que ha detenido a 44 personas, entre ellas 12 policías haitianos, 18 ciudadanos colombianos y dos estadounidenses, por este crimen, cometido el pasado 7 de julio, cuando un comando armado irrumpió en la casa del presidente, lo mató e hirió a su esposa.
“También solicitamos agentes de seguridad para el juez. Antes, incluso de decir a qué juez encomendaríamos el caso, estos medios deberían ponerse a disposición”, agregó Saint-Vil.
Antes de transmitir el expediente al gabinete de investigación, la fiscalía de Puerto Príncipe dictó varias órdenes de arresto contra un funcionario de un partido político de oposición, el presidente del partido de Jovenel Moïse y dos pastores haitianos que habían expresado públicamente su oposición al difunto mandatario.
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