La medida decretada por Morales restringe varios derechos constitucionales en las localidades donde se aplicará, según anunció en un mensaje divulgado por el canal de televisión estatal.
La emboscada ocurrió el martes en el poblado caribeño de El Estor, al noreste de la capital, cuando la unidad militar acudía a investigar el aterrizaje de una aeronave en una pista clandestina, dijo a periodistas Óscar Pérez, vocero del ejército.
Pérez precisó que durante el ataque, tres militares fueron asesinados, dos estaban desaparecidos, tres resultaron heridos y uno salió ileso. El ministro de la Defensa, Luis Ralda, dijo a periodistas que los soldados desaparecidos fueron localizados vivos y sanos.
Morales aseguró que los narcotraficantes protegen pistas clandestinas con la colaboración de supuestos defensores humanitarios y “pseudocampesinos” para ingresar drogas a Guatemala.
El mandatario insistió en la necesidad de dotar al ejército con aeronaves para proteger el espacio aéreo, tras la frustrada compra en junio de dos aviones de reconocimiento a Argentina por 28 millones de dólares.
Ingobernabilidad
El Congreso pidió al Ejecutivo que adoptara esta medida excepcional, que estará vigente por 30 días a partir de su aprobación en el Legislativo.
El decreto presidencial explica que el estado sitio se implementa porque en zonas del país “se ha perdido por completo la seguridad y la gobernabilidad” debido a la proliferación de “grupos insurgentes, los que se han vinculado con el narcotráfico”.
La penetración de grupos de narcotraficantes en esa región “afecta el orden constitucional y la seguridad del Estado (…), pone en riesgo la vida, la libertad, la justicia, la seguridad y la paz”, apunta el documento.
Con la vigencia del estado de sitio, en esa región quedan suspendidos varios derechos constitucionales como la libre locomoción, reunión y manifestación, así como portar armas.
Ante el anuncio, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (Oacnudh), en su cuenta de la red Twitter, pidió al Estado “cumplir las obligaciones de respetar y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales”.
Brutalidad
El presidente Morales reconoció que grupos de narcotraficantes operan en la zona donde ocurrió la emboscada y adelantó que no serán publicadas fotografías de los fallecidos por la brutalidad empleada.
“Uno (de los soldados) recibió un disparo de escopeta en el rostro y solo quedó el espacio craneal expuesto”, dijo.
Mientras que a otro “le fue quitada la cabellera y sembrada en una estaca a la par del cuerpo”, contó Morales, tras indicar que pidió a las fuerzas de seguridad realizar todos los esfuerzos para capturar a los responsables y someterlos a los tribunales.
El mandatario pidió al alto mando del ejército que los heridos sean condecorados como héroes nacionales.
Varios pobladores denunciaron que dos ancianos fueron asesinados por los militares, extremo negado por Morales y Ralda.
Guatemala y el resto de Centroamérica son utilizados por cárteles internacionales que, con ayuda de capos locales, trafican droga y lavan dinero, actividades que inciden en la tasa de criminalidad.
Estados Unidos calcula que 90% de la cocaína que llega a su territorio pasa en avionetas, lanchas y submarinos por México y Centroamérica.
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