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Este artículo fue curado por pulzo   Dic 26, 2025 - 7:45 pm
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La expulsión de Estados Unidos de 252 venezolanos que luego fueron recluidos en la cárcel de máxima seguridad del CECOT en El Salvador, basada en una ley de tiempos de la guerra de independencia, ha vuelto a estar en el centro del debate, y ahora los afectados por la medida esperan acceder a algún tipo de reparación.

El juez federal James Boasberg, el mismo que emitió en marzo una orden judicial de emergencia instando al regreso de los aviones que los trasladaban a El Salvador, otorgó el 23 de diciembre dos semanas al Gobierno de Donald Trump para generar las condiciones necesarias para que esos hombres puedan impugnar la deportación ante una corte.

Ese plazo se vence el 5 de enero y este 26 de diciembre un grupo de los afectados ha exigido a la administración Trump garantías para proceder ante tribunales estadounidenses en contra de la deportación.

“Exigimos a las autoridades de ese país que generen realmente las condiciones que nos permitan participar en la audiencia sin poner en riesgo nuevamente nuestra integridad y nuestras vidas”, indicaron los migrantes en una carta leída durante una conferencia de prensa junto a la viceministra de Comunicaciones de Venezuela, Camilla Fabri.

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El dictamen del juez Boasberg allana el camino para que los hombres exijan algún tipo de reparación, al reconocer que no tuvieron acceso al debido proceso durante la atropellada expulsión, que se basó en la Ley de Enemigos Extranjeros, un instrumento de la época de la independencia, que no se usaba desde la Segunda Guerra Mundial.

En aquella oportunidad, sirvió para confinar a miles de inmigrantes japoneses en campos de concentración. Esta vez fue la excusa para acusar a 252 hombres de ser miembros de la megabanda Tren de Aragua, designada como “organización terrorista extranjera” por el Gobierno de Trump, y deportarlos a un tercer país bajo la sospecha de que representaban un peligro para Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad Nacional no acató una orden de emergencia del tribunal del distrito de Columbia a cargo de Boasberg de que los vuelos regresaran a Estados Unidos, en caso de que ya hubieran partido.

Los hombres fueron finalmente devueltos a su país, luego de tres meses de detención, como parte de un intercambio de rehenes en el que el Gobierno de Nicolás Maduro liberó a 10 ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela.

Heridas abiertas y necesidad de sentar un precedente

Un afectado que no se identificó agregó en la misiva leída en la rueda de prensa que “esperamos que esta resolución del juez de Estados Unidos marque el inicio de una solución justa y humana a nuestra situación y marque un precedente para la protección de los millones de migrantes”.

Otro de los afectados, Andry Blanco, declaró a periodistas que “estamos aquí para exigir justicia ante el mundo por las violaciones de derechos humanos cometidas contra cada uno de nosotros, y para pedir ayuda a organizaciones internacionales que nos ayuden en nuestra defensa y que nuestros derechos humanos sean respetados y no se violen de nuevo”.

Los hombres, que reconocieron haber recibido apoyo psicológico de parte del gobierno de Nicolás Maduro, no precisaron qué tipo de ayuda internacional solicitaban.

Nolberto Aguilar, otro de los afectados, confesó que todavía lidia con el trauma de su permanencia en el CECOT, y se contó entre los que no buscan que su reparación sea un permiso para regresar a Estados Unidos, por su temor a volver a verse en una situación como la que atravesó. “No confío en ellos”, admitió.

La situación de los 252 venezolanos confinados en la megacárcel de máxima seguridad del Gobierno de Nayib Bukele volvió a ponerse de relieve esta semana, con el polémico retiro de un segmento dedicado a su caso en el programa ’60 Minutos’ de CBS, que luego fue transmitido por error por una filial canadiense del canal.

Con AP, EFE y Reuters

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