En los últimos meses, la relación comercial entre Colombia y Estados Unidos se ha visto marcada por una tensa controversia respecto a los estándares a exigir para la importación de vehículos. Recientemente, se conoció que Colombia está dispuesta a ceder ante la presión estadounidense, aplazando la entrada en vigor de una regulación que fue interpretada como una afectación a los intereses comerciales de Estados Unidos.
(Vea también: Ventas de vehículos en Colombia, en vilo por 3 decisiones cruciales que le tocarán a Petro)
De acuerdo con lo revelado por fuentes oficiales a Bloomberg, la ministra de Comercio (e) de Colombia, Cielo Rusinque, acompañada por el embajador Daniel García-Peña, viajará a Washington para negociar este jueves, 24 de abril, con altos funcionarios del Gobierno de EE.UU., entre ellos Jamieson Greer, director de la oficina del representante comercial estadounidense (USTR).
El objetivo explícito de esta visita es solicitar oficialmente un aplazamiento de la aplicación de la nueva norma de certificación vehicular, prevista originalmente para el 2 de mayo de 2025.
“Queremos resolver el asunto, mirar cómo lo logramos, resolver las inquietudes legítimas que tienen los norteamericanos. También plantear nuestra agenda porque estamos convencidos de que el comercio es un factor fundamental para los dos países”, señaló el embajador García-Peña.
¿Qué está pasando con la importación de carros de EE. UU. a Colombia?
Colombia había anunciado una resolución, aprobada durante el Gobierno de Iván Duque, que cambiaría significativamente los requisitos para importar vehículos. A partir de la fecha mencionada, solo se admitiría la certificación CEPE (Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas), excluyendo la tradicional FMVSS estadounidense (Federal Motor Vehicle Safety Standards).
Estas certificaciones representan sistemas técnicos distintos mediante los cuales se garantiza que los vehículos cumplen mínimos de seguridad, calidad y protección ambiental. En la práctica, el reconocimiento mutuo de estándares simplifica el comercio; si uno es excluido, como pretendía Colombia con el FMVSS, los fabricantes estadounidenses quedarían fuera del mercado colombiano o tendrían que desarrollar costosos ajustes.
Estados Unidos interpretó este movimiento como una clara “barrera comercial” y reaccionó de inmediato. Además de los aranceles universales del 10 % quedó abierta la puerta a represalias mucho más severas si Colombia no revertía la decisión.
En palabras textuales del embajador Greer, recogidas en una carta remitida a Bogotá:
“La insistencia de Colombia en cambiar los requisitos de certificación para los vehículos y sus componentes que cumplen con las Normas Federales de Seguridad para Vehículos Motorizados (FMVSS) de EE.UU., sin proporcionar ninguna prueba de que el método actual para demostrar la conformidad de las FMVSS de EE.UU. no cumple con los objetivos de seguridad y rendimiento de Colombia, es una práctica comercial desleal, que puede generar una rápida acción coercitiva por parte de EE. UU.”, señaló Greer en la amenazante misiva.
#Atento | Jamieson Greer, representante de la Oficina de Comercio de EE.UU., envió una carta a la ministra (e) de Comercio, Cielo Rusinque, instándola a reconsiderar una regulación que afectaría las exportaciones de autopartes por US$700 millones pic.twitter.com/8EyYEjgs6E
— Diario La República (@larepublica_co) April 16, 2025
En el lenguaje de política comercial internacional, las “acciones coercitivas” suelen traducirse en respuestas casi inmediatas, tales como la imposición de nuevos impuestos o la limitación de las exportaciones, afectando, según el funcionario, cerca de 700 millones de dólares en exportaciones anuales de vehículos a Colombia.
El Gobierno colombiano, consciente del riesgo que entrañaban tales sanciones para su economía, y buscando evitar una escalada que pudiera afectar sectores estratégicos, decidió optar por el diálogo y la flexibilidad a través de los funcionarios antes mencionados.
“Para mencionarlos, en el caso de Colombia, incluyen mejores condiciones para nuestras exportaciones de acero y aluminio, acelerar los procesos de admisibilidad sanitaria en Estados Unidos, un acceso real a nuestro biodiésel de aceite de palma, entre otros”, señaló Cielo Rusinque al ser consultada por las preocupaciones en la relación bilateral, durante un evento público.
El pedido de aplazamiento tiene entonces una doble intención: ganar tiempo para negociar, pero también enviar una señal política de que Colombia no busca entablar una guerra comercial con su principal socio. De igual manera, el movimiento entra en concordancia con la recomendación de gremios como la Asociación Nacional De Movilidad Sostenible (Andemos), de tener al menos entre 16 y 24 meses de transición para los importadores.
Ahora, la expectativa es que EE.UU. acepte este compás de espera y que ambas partes puedan sentarse a revisar si existen soluciones técnicas, como acuerdos de equivalencia, que permitan a los vehículos estadounidenses mantener su acceso al mercado colombiano sin poner en entredicho la seguridad o los intereses industriales de Colombia.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO
.svg)
