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A partir del 21 de enero de 2026, el Gobierno de Estados Unidos activará una nueva política migratoria que introduce un bono obligatorio de entre 5.000 y 15.000 dólares como requisito económico para la tramitación de visas en las categorías B1/B2, dirigidas a turismo y negocios. De acuerdo con información publicada por las autoridades estadounidenses, esta medida aplicará a ciudadanos de 38 países, afectando particularmente regiones de América Latina, África, Asia y Oceanía. Más allá de su finalidad recaudatoria, el principal objetivo de esta exigencia es poner freno a la prolongación irregular de estadías y fortalecer los mecanismos de control en el ingreso temporal de extranjeros al país norteamericano.
Según datos proporcionados por el Departamento de Estado de Estados Unidos, el cobro del bono dependerá de una evaluación discrecional durante la entrevista consular. Es preciso señalar que el depósito del bono no garantiza la obtención de la visa; en caso de que la solicitud sea denegada, el monto será reembolsado siempre y cuando el proceso haya seguido los canales oficiales estipulados. El pago debe efectuarse en la plataforma oficial del Departamento del Tesoro y bajo la supervisión estricta de la autoridad consular. Cualquier abono por vías no autorizadas o a intermediarios no tendrá devolución, lo que resalta la importancia de acatar las indicaciones del proceso migratorio.
El valor específico del bono se calcula tomando en cuenta criterios como el historial migratorio del solicitante, el riesgo estimado de permanencia irregular y otras consideraciones revisadas por el personal consular. El reembolso solo procede si el viajero respeta fielmente las condiciones de la visa, como salir del país dentro del período permitido, si la visa es denegada o si no realiza el viaje pese a tener aprobación.
Entre los países afectados se encuentran varias naciones de América Latina y el Caribe, como Cuba, Venezuela y Antigua y Barbuda, así como numerosos estados africanos —por ejemplo, Nigeria, Senegal y Uganda— y otros de Asia y Oceanía, como Bangladesh, Nepal y Fiyi. Este requisito ha generado inquietud entre los gobiernos y las comunidades de estas regiones, ya que representa un obstáculo financiero significativo para ciudadanos provenientes de países con economías menos robustas.
Además del pago del bono, los solicitantes de las visas B1/B2 deberán cumplir con todos los requerimientos ya existentes. Es decir, demostrar lazos sólidos que aseguren el regreso a su nación de origen tras la estadía temporal, así como ingresar y salir exclusivamente por puntos de control determinados por Estados Unidos. Este elemento incrementa la vigilancia sobre el flujo migratorio y subraya la intención de reforzar la legalidad de cada ingreso y permanencia en territorio estadounidense.
Si bien la administración estadounidense sostiene que la nueva política busca desincentivar la estancia irregular y proteger sus fronteras, el debate en torno a su impacto económico y su potencial para limitar el acceso al turismo y los negocios internacionales sigue abierto. Las voces críticas advierten que la imposición de un bono de elevado monto podría traducirse en una restricción adicional para los ciudadanos de países en desarrollo, donde reunir una suma similar suele ser un desafío considerable.
La instrumentación de este bono introduce un nuevo elemento en el ya complejo proceso de solicitud de visa, planteando interrogantes sobre cómo influirá en la movilidad internacional y en el intercambio comercial y cultural entre Estados Unidos y los países afectados, especialmente en un escenario global donde la cooperación y la circulación de personas son fundamentales.
¿Por qué el bono solo se aplica a ciertos países?
Esta pregunta emerge naturalmente dada la selección específica de naciones incluidas en la nueva medida. El Departamento de Estado de Estados Unidos determina la exigencia del bono en función del historial migratorio colectivo de los países, el índice de permanencia irregular y otras variables consideradas de riesgo para el control fronterizo. Así, la selección pretende focalizarse en aquellos estados cuyos ciudadanos presentan, según el criterio oficial, una mayor probabilidad de exceder el período legal de estancia en territorio estadounidense.
Para los solicitantes y gobiernos de las naciones incluidas, comprender las razones detrás de la medida es crucial, ya que impacta directamente en los costos y trámites de movilidad internacional, y puede influir en las relaciones diplomáticas y en el flujo de negocios y turismo hacia Estados Unidos.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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