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El presidente ecuatoriano Daniel Noboa ha declarado el estado de emergencia en 10 de las 24 provincias del país, después de que las protestas de la comunidad indígena contra su gobierno se cobraran una víctima mortal, según anunció el domingo la presidencia.
Para el jefe de Estado ecuatoriano, las protestas indígenas y los bloqueos de carreteras en la región andina amenazan “la seguridad de los ciudadanos y su derecho a la vida, a la integridad, a la libertad de circulación y al trabajo”. Considerando que el Estado tiene además la obligación de “proteger los sectores estratégicos” del país en caso de “graves disturbios internos”, Daniel Noboa ha sumado diez provincias a las dos, Imbabura y Carchi, en las que ya reinaba el estado de emergencia antes del sábado por la noche.
En siete provincias de la región andina, incluida la de la capital y tres de la Amazonía, la medida suspende durante sesenta días el derecho a la libertad de reunión. El objetivo es criminalizar las manifestaciones, que siguen siendo intensas, especialmente al norte de Quito, en la provincia de Imbabura.
Esta decisión se produce cuando Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), habla de “tomar Quito” si el presidente Noboa no da marcha atrás en la eliminación de los subsidios al diésel y no reduce el IVA del 15% al 12%.
Por el momento, la capital no se ha visto afectada por las protestas. En septiembre, el presidente decidió por decreto trasladar provisionalmente el gobierno a la provincia, a Latacunga. Daniel Noboa también pidió a la vicepresidenta María José Pinto que se instalara en la ciudad de Otavalo para ejercer sus funciones.
Cancelado el proyecto minero de Loma Larga
El Gobierno también ha decidido cancelar la autorización concedida al proyecto minero de Loma Larga, impulsado por la empresa canadiense Dundee Precios Metals. Más de 80.000 personas se manifestaron recientemente en la ciudad de Cuenca contra este proyecto de mina de oro y cobre que podría amenazar los recursos de la ciudad. El Gobierno espera así reducir la tensión social en esta región andina del sur del país.
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