“La democracia tiene reglas y plazos que todos debemos respetar”, declaró el cardenal Pedro Barreto este martes al canal RPP sobre los llamados a anular los comicios, y dijo que la Iglesia católica “está disponible” para mediar con el fin de superar la “dolorosa y frustrante incertidumbre” que vive el país.
Keiko Fujimori, que denuncia “fraude” y ha pedido anular miles de votos, solicitó además una “auditoría informática” al órgano electoral (ONPE), mientras el Jurado Nacional Electoral (JNE) antes de proclamar al vencedor está revisando las impugnaciones presentadas por cada bando, principalmente por la candidata de derecha.
Ambos órganos electorales están bajo fuego de los sectores más radicales que apoyan a Fujimori, que temen que la revisión de las impugnaciones por parte del JNE no impida un triunfo del maestro de escuela rural izquierdista Pedro Castillo.
La ONPE organiza los comicios y cuenta los votos en Perú, mientras que el JNE resuelve las impugnaciones y proclama al ganador oficial.
La imparcialidad de ambos organismos autónomos ha sido avalada por los observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), que dijeron que la votación del 6 de junio fue limpia, sin “graves irregularidades”.
El almirante retirado y parlamentario electo Jorge Montoya llamó el lunes a anular los comicios y convocar “nuevas elecciones con auditores internacionales”, al asegurar en Twitter que el sistema electoral peruano “ya no brinda confianza”, por lo que deben renunciar los jefes de la ONPE y el JNE.
Montoya es además uno de los 64 generales y almirantes retirados que -en sintonía con Fujimori- pusieron en duda el lunes la limpieza de los comicios, lo que llevó al Ministerio de Defensa a expresar que este grupo de oficiales jubilados “no representa a las Fuerzas Armadas”.
En la calle, decenas de fujimoristas realizan diariamente manifestaciones frente a las casas de los jefes de la ONPE, Piero Corvetto, y del JNE, Jorge Luis Salas, cuyas viviendas están ahora con custodia policial. Esa actitud ha sido denunciada por la comisionada de derechos humanos de la ONU.
Jorge Montoya no es único político derechista que habla de anular los comicios en este país sumido en convulsiones políticas en el último quinquenio que lo llevaron a tener tres presidentes en cinco días de noviembre de 2020, y muy golpeado por la pandemia y la crisis económica.
Estos planteamientos fueron considerados este martes por el diario La República como un “acto de sedición”, ya que aseguró que “desconocer el resultado de una elección o pretender alterar el orden democrático desconociendo a un gobierno legítimamente elegido está expresamente prohibido en la Constitución y sancionado en el Código Penal”.
“La Carta Magna señala que el poder emana del pueblo y que aquel que se atribuye esa autoridad fuera de la ley comete rebelión y sedición, que se sancionan con hasta 20 años de cárcel”, enfatizó el rotativo peruano.
La República agregó que en las leyes peruanas “también se condenan la conspiración, promoción y dirección de esos delitos” y que los cargos de los jefes del JNE y la ONPE “son irrenunciables por mandato de la ley”.
Montoya respondió acusando a ese diario de valerse de un tuit para provocar “distorsión en la opinión pública” y dijo que “aún existe la libertad de expresión, la misma que ese medio denigra con sus amenazas para callarnos pero la cobardía sale a la luz”.
“La posición que está tomando un grupo de la derecha es sediciosa, pero el país está en calma. Son grupos políticos de la vieja derecha de estilo pinochetista que creen que Keiko no va a ser presidenta y quieren en su reemplazo poner al almirante Montoya como presidente de transición”, dijo este martes el analista Hugo Otero, exasesor del expresidente Alan García.
“Cuando pierdes una elección, toca asumir los errores. En el Perú se está organizando un intento golpista para impedir que la decisión del pueblo se concrete. Un grupo principalmente de Lima ha creado una narrativa dañina para el país y su endeble democracia”, tuiteó este martes la analista y académica peruana Lucía Dammert, quien reside en Chile.
“No sé si legalmente es posible anular las elecciones, pero cada día aparecen evidencias de manipulación de actas electorales y una serie de irregularidades”, aseguró por su parte Fernando Rospigliosi, asesor de Keiko Fujimori.
“Hay que seguir contando los votos porque la autoridad electoral tiene que evitar las dudas más importantes sobre el proceso para calmar las cosas y acabar con el clima de crispación”, agregó. “Esto puede acabar muy mal” si la crispación sigue en alza acotó tras exhortar a la calma.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su preocupación el lunes por la tensión en Perú tras los comicios, afirmando que se está “creando una fractura cada vez mayor en la sociedad peruana”.
El último cómputo del órgano electoral (ONPE) da a Castillo una ventaja de casi 45.000 votos (50,12 % versus 49,87 % de Fujimori) con el 99,98 % de las mesas escrutadas, por lo que ahora todo el proceso depende de lo que resuelva el JNE para que los peruanos sepan quien será su nuevo presidente.
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